UNO DE LOS MENSAJES MÁS IM- portantes en la actual campaña presidencial es el de Antanas Mockus, “No todo vale”, en contraposición a lo que parece ser la política de la actual administración: “El fin justifica los medios”.
En el pasado debate se preguntó a los candidatos si volverían a bombardear un país vecino, en caso de que en éste se encuentre un campamento guerrillero. Antanas respondió que cumpliría la Constitución y el Derecho Internacional recurriendo, si no hay cooperación del país vecino, a las Cortes Internacionales. No se debe aceptar la cultura del atajo, si el Estado lo hace, cómo puede exigirle al ciudadano que cumpla la ley y no alegue como excusa del incumplimiento, la urgencia, o los posibles buenos resultados.
Otros candidatos aceptaron que atacarían a un país vecino, si éste no tiene la capacidad militar de responder. Uno de ellos afirmó que no atacaría a Venezuela porque conduciría a una guerra. Otros coincidieron en que si el campamento está en un país europeo, o en Estados Unidos, por supuesto se descartaría la vía del ataque. El mensaje es preocupante, se acepta la ley del más fuerte y no el Derecho Internacional. Esta doctrina permitiría que un país militarmente fuerte agrediera a Colombia, utilizando los mismos argumentos que algunos de nuestros candidatos a gobernar esgrimieron.
Con el fin de estimular a las tropas y a la población con éxitos en la lucha contra la guerrilla, grupos del Ejército recurrieron a la más atroz violación de los Derechos Humanos. Asesinar jóvenes, cazarlos como fieras, vestirlos de guerrilleros, y así cobrar las recompensas y “mejorar” las estadísticas. Estos hechos cubren de vergüenza al país y claman justicia. Ante esta aterradora realidad, un candidato propone que los juicios los realice la justicia penal militar. Se olvida lo solidario que es el espíritu del cuerpo y que los asesinatos a personal civil desarmado no son actos propios del accionar militar.
La utilización del DAS para perseguir a los periodistas, políticos y ciudadanos no obsecuentes con el Ejecutivo; a los magistrados que tienen en sus manos los procesos contra los miembros de la coalición de Gobierno, son sólo comparables a la Stasi de la desaparecida República Democrática Alemana, o a las políticas policivas de los países del área estalinista o nazista. Es de esperarse que la Fiscalía mantenga la independencia y el país pueda conocer el “beneficiario real” de la violación ilegal de la privacidad a quienes el Ejecutivo considera sus “enemigos” por no ser defensores a ultranza de sus políticas. Sería inconcebible que se llegara a la misma doctrina del cohecho de una sola vía: que se sancione a quien interceptó pero no ha quien recibió la información.
Es posible que Antanas no sea tan liberal como algunos quisieran. Por otra parte nunca ha manifestado acuerdo con las teorías del socialismo del siglo XXI que tan malos resultados han traído a algunos países latinoamericanos. Lo que sí es seguro es que nunca emplearía el aparato estatal para perseguir a sus opositores y que su tesis “La Vida es Sagrada” la cumplirá y la hará cumplir, comprometiendo su responsabilidad personal y política. Es totalmente confiable que jamás utilizaría dineros públicos para comprar apoyos y lograr leyes que lo beneficien. Estos valores parecen haberse olvidado, y no es excusa el desconocimiento directo, para eludir la responsabilidad política.