Un lugar común afirma que hay momentos en los que se cree ver la luz al final del túnel, no el de La Línea, y se piensa que el país va en camino de avanzar en la consolidación de sus instituciones democráticas.
La contundencia de los hechos nos devuelve a la realidad. Parece que todo está ajustado para impedir el tránsito a la modernidad.
Un ejemplo es la propuesta de reforma constitucional para implantar el voto obligatorio, con tantos miles de problemas en el sistema de justicia y la incapacidad de la administración pública. Después de cada elección, el aparato estatal se dedicaría a perseguir y castigar a ocho o más millones de personas infractoras de la obligación de votar. Lo más probable es que ante la incapacidad jurídico-administrativa, que debería analizar millones de excusas médicas, de excepciones por edad, etc., se opte por el “deje así”. El sistema de salud tendría que dedicar sus esfuerzos a la producción de excusas, sin tener posibilidad de estudiarlas. Ante el “deje así” esta ley sería otra que no se cumpliría, con el pernicioso efecto sobre la comunidad, que percibe que hay leyes que no se cumplen, o no pueden cumplirse, y algunos pueden optar escoger cuál cumplir. Los partidos políticos, en lugar de proponer programas y candidatos que estimulen el voto, escogen el camino fácil de hacer obligatorio un derecho.
Una baja abstención les da más legitimidad a los elegidos, pero el camino de la obligatoriedad no los legitima, es una farsa.
Los argumentos para apoyar esta iniciativa no convencen. Dar más gabelas a los votantes puede entenderse como una compra oficial de votos. Hoy el votante puede tener medio día libre, beneficios para ingresar a la universidad, descuentos en matrículas, prioridad para ser escogido en empleos, reducción del tiempo de servicio militar. ¿Serán necesarios más incentivos? Es posible que detrás de las afirmaciones altruistas de convertir un derecho en una obligación, exista una más prosaica: ¡el dinero!
Las leyes de la oferta y demanda se aplican también a la compra de votos. La obligatoriedad aumenta la oferta, por lo tanto el precio de compra tiende a disminuir. Como el valor de la compra del voto incluye el “estímulo” para que el cooptado se acerque a las urnas, el voto obligatorio reduce esta porción del costo. Otro factor económico significativo es la suma que reciben los candidatos por concepto de la reposición de votos. Hoy, por cada voto al Congreso se reciben $4.276, y en la primera vuelta presidencial $4.714. La obligatoriedad del voto le genera al candidato una “ganancia ocasional” de gran significado. Piénsese en la suma adicional que recibiría por cada millón de votos incrementales fruto de la obligatoriedad. Este generoso regalo lo pueden lograr votando en su beneficio la reforma. Al menos deberían hacer explícita la renuncia a esta dádiva, de ser aprobada la reforma.
Nota final
No se requiere ser “pantalonudo” para crear y estimular las autodefensas que fueron la semilla de los paramilitares. Pantalonudos y con las faldas bien puestas son quienes, a riesgo de sus vidas, los combatieron con profundos análisis que revelaron el punible ayuntamiento de políticos y paramilitares.