El punto más difícil de la negociación del Gobierno con las Farc es asegurar que los compromisos pactados se respeten en el futuro y se garantice la seguridad de los desmovilizados, para evitar que un gobernante incumpla los acuerdos en su propio beneficio. Por ejemplo, utilizar la extradición para silenciar voces incómodas.
Durante las negociaciones con los paramilitares en Ralito, estos hicieron explícito su apoyo a la reelección de Uribe como garantía de los acuerdos. El entonces presidente extraditó parte de la cúpula de las Auc cuando empezaron a dar declaraciones que mostraban relaciones muy cercanas con miembros de la familia presidencial. Uribe utilizó la extradición como un instrumento para acallar a quienes mencionaran a sus allegados en situaciones incómodas. En el escándalo de DMG, uno de los protagonistas hace explícitas relaciones comerciales con Jerónimo Uribe, y con rapidez son extraditados los directivos de DMG. Recientemente el senador reitera que la extradición podía usarla para castigar opositores o lenguaraces. Ante las denuncias documentadas de Daniel Coronell sobre alguno de los oscuros socios de sus hijos, trinó el expresidente: “Daniel Coronell se salvó de que yo lo extraditara por ser socio de Perafán”. No hay ni en ese momento ni ahora solicitud de extradición contra Coronell, porque la libertad de prensa no es delito.
Los negociadores de las Farc temen que un nuevo Gobierno decida desconocer lo pactado y, alegando cualquier pretexto, pueda extraditarlos; muchos de ellos tienen solicitudes de extradición. Requieren que, dejadas las armas, no sean objeto de exterminio por grupos con alianzas ilegales con las fuerzas de seguridad. Esto ha ocurrido desde tiempos inmemoriales, cuando la insurrección comunera renuncia a atacar a Santa Fe, por mediaciones del arzobispo Caballero y Góngora, este los traiciona ante el virrey y ya desarmados son ejecutados. Guadalupe Salcedo, jefe de las guerrillas liberales del Llano, se desarma y es asesinado. Hoy, un puente de la carretera Bogotá-Villavicencio lleva su nombre. Ejemplos más recientes, el exterminio de la UP, brazo político de las Farc. Dirigentes desmovilizados del M-19 fueron asesinados con la complicidad del aparato estatal.
El acuerdo con la guerrilla tendrá un alto grado de impunidad, así se maquille con complejos procedimientos de justicia transicional. Si se garantiza la reparación a las víctimas y la seguridad de no repetición, es un costo que la sociedad puede aceptar, pues la alternativa es continuar una guerra, aún más degradada. Los miembros del Ejército que han violado el Derecho Internacional Humanitario también pueden acogerse a la justicia transicional.
Se negocia una dejación de armas y la garantía de hacer política sin estas. No se plantea una rendición incondicional. Las Farc no han sido derrotadas militarmente. En el período de Uribe se debilitaron, a un costo enorme de perseguir la oposición desarmada, y lo más aterrador fueron los casi 3.000 ciudadanos indefensos asesinados para presentarlos como triunfos de la política de Seguridad Democrática. Estos asesinatos fueron incentivados por directivas oficiales de premiar “el conteo de cuerpos”. Por la mirada indiferente del comandante supremo del Ejército, con sus frases: “Más que falsos positivos son falsa denuncias” o “no estaban cogiendo café”, daba un mensaje macabro. Hoy en el Ejército este delito ha sido casi totalmente eliminado.