Uun grupo de empleados gubernamentales considera que su función consiste en mortificar a los ciudadanos e impedir que nuevas tecnologías que mejoran los servicios y el bienestar puedan aplicarse en Colombia.
Periódicamente el viceministro de Transporte anuncia que se está definiendo una estrategia jurídica “para en cuestión de semanas instaurar unas demandas con solicitud de medidas cautelares que permitan desactivar de manera definitiva las plataformas que están facilitando la prestación de un servicio de transporte ilegal en Colombia”. No dice nada sobre controlar ataques violentos a conductores y pasajeros de servicio “ilegal” por parte de quienes prestan un servicio “legal”. Las plataformas de Uber operan en 425 ciudades de 72 países; en algunas compiten con las plataformas de Lyft; las ventajas para el usuario son reducción de costos, control de cobros abusivos por parte de los taxistas a los turistas, mejor calidad del servicio. El uso de estas plataformas permite implementar el “carro compartido” y así reducir la congestión urbana.
Se espera que en la década del 2020 se empiecen a ofrecer servicios de “carros conducidos autónomamente”, es decir, sin chofer. Por supuesto quien prefiere utilizar el servicio tradicional de taxis puede hacerlo. En Colombia las medidas regulatorias buscan anclarnos al pasado; parecen dictadas por los mercaderes de los permisos y no por servidores de la comunidad. El millonario peaje que pagan los taxistas tradicionales para obtener la licencia no ingresa al Estado sino a las billeteras de quienes manejan el mercado de licencias. La plataforma Tappsi de taxis convencionales funciona bien en las horas no pico y mejora la seguridad del usuario, pero ¿por qué no tener derecho a otras opciones?
Desde hace pocos años en el país se puede disfrutar del servicio de televisión “video por demanda” (streaming). Una alternativa, para ver series y películas sin someterse a horarios y sin tediosas y repetitivas cuñas de propaganda. Cuando se introdujo la televisión por cable se anunció que los programas no tendrían comerciales. Esa promesa no se cumplió: cerca del 30% del tiempo del capítulo de una serie consiste en repetidos anuncios, de otros programas del mismo canal. La televisión “por demanda” (streaming) evita esa molestia. Por otra parte, la competencia estimula la producción de series de buena calidad liberando al usuario de los múltiples y tontos programas “políticamente correctos” y de autoayuda que inundan los canales abiertos y pagos. Por supuesto, el que quiera ver esa clase de programas que los vea.
Pero esto no podía continuar; era impensable que no se activaran las oficinas públicas de mortificación ciudadana. Cada vez con mayor frecuencia el Mintic anuncia que va a regular estos servicios. ¿Para qué? Si los están prestando, de buena calidad y a precios accesibles. ¿No será mejor dejar funcionar lo que está bien y no perder tiempo y dedicar esfuerzos arreglar lo que no se ha dañado?
Contrastan estos esfuerzos con los resultados de entidades como la Registraduría, que ofrece un servicio para obtener el duplicado de la cédula por pérdida o robo maravillosamente eficiente. Igual calificativo debe darse al trámite de obtención del pasaporte, o a la gestión de consulados como el de Berlín, que enfoca su labor en colaborar con los colombianos que tengan allí alguna dificultad.