El paro agrícola permitió que el país descubriera a los campesinos; las negociaciones en La Habana y el preacuerdo sobre el sector agrícola han reafirmado que existe un histórico problema en la tenencia de la tierra y en los modos de producción.
Las formas de producción con grandes extensiones no son necesariamente las más eficientes. Como lo señala Berry, pueden ser rentables para el propietario, pero no generan empleo y además, como no existe el sentido de pertenencia, para las generaciones futuras no hay incentivos para preservar el suelo.
La agricultura tradicional genera por hectárea 10 o más veces empleo que la del monocultivo sin rotación o la ganadería extensiva. Los modelos asociativos: empresarios, campesinos y trabajadores rurales, pueden ser benéficos si los ingresos de estos son apropiados y justos.
No siempre es así. Por ejemplo, en años pasados, los corteros de caña solicitaron a los grandes ingenios azucareros que se les contratara directamente o por empresas que les reconocieran las prestaciones; la respuesta de los ingenios fue rechazarla, entraron en conflicto y anunciaron que mecanizarían más la recolección, disminuyendo así el precario empleo.
Berry recuerda que la mecanización agrícola es buena cuando nadie quiere trabajar, pero que la maquinización del agro en Colombia, teniendo excelente mano de obra, es prematura. Hace cuatro décadas, cuando se analizaba el proyecto de Salvajina, que reduciría las inundaciones en las plantaciones de caña en el Valle del Cauca, algunos propusieron que una parte de la inversión fuera asumida por la valorización de las familias propietarias de las tierras mejoradas. Se tildó a los autores de la propuesta de comunistas; hoy se les hubiera llamado terroristas o subversivos. El sector azucarero ha disfrutado de la cómoda posición de un mercado cerrado; cuando subía el precio internacional, subía el interno para evitar el contrabando de exportación (?) y cuando bajaba el precio externo se subía el interno para compensar los menores ingresos de los ingenios azucareros.
Ahora que se discute el precio de la gasolina, los pocos propietarios de los ingenios son productores de etanol. Si compra el etanol al mismo precio de la gasolina a Ecopetrol, los $ 600.000 millones anuales de subsidio podrían emplearse para reducir el precio del combustible. Esta cifra supera en varios órdenes de magnitud los costos de las prestaciones legales de los corteros de caña. El modelo azucarero, si bien ha permitido la modernización de la producción, lo ha hecho con grandes subsidios estatales y a costa de los consumidores.
Es posible que se esté a tiempo de lograr que los beneficios de los monocultivos de palma se repartan equitativamente entre los empresarios, campesinos asociados, consumidores y fisco nacional. Este sector recibe, como el azucarero, un generoso subsidio para la producción de biodiésel, de obligatoria compra. Podría también estudiarse la posibilidad de reducirlo para contribuir a los menores precios del diésel, o a mayores recursos fiscales.
El programa de desarrollo de la altillanura debe realizarse sin subsidios estatales, sin afectar el ecosistema y sin hacerle esguinces a la ley de acumulación de baldíos. Igualmente debe reflejar un mayor bienestar de los empleados pagando salarios que reflejen los beneficios obtenidos por las empresas.