Los altos precios de los recursos no renovables —carbón, petróleo, oro, níquel— que exporta el país, parecería que están ocultando realidades indiscutibles; la primera es su agotamiento; la segunda, el impacto ambiental que trae su explotación; a éstos debe agregarse la volatilidad de los precios.
La estructura de las regalías no contempló, salvo en el caso del petróleo, que éstas fueran crecientes cuando las cotizaciones internacionales les produjeran una ganancia ocasional. La ley de regalías busca distribuirlas más equitativamente y destinar una parte para ahorro en fondos pensionales; no tocó, como sí lo hicieron otros países, el valor porcentual de éstas. El director de Impuestos ha denunciado las evasiones y elusiones al régimen tributario por parte de compañías mineras y petroleras. El país será el socio menos beneficiado de la locomotora minera, cuyos recursos se requieren para la salud, pensiones, educación e infraestructura.
El país no escapa de las realidades demográficas que han desencadenado crisis fiscales. El aumento de la esperanza de vida aumenta los costos pensionales y de salud; la drástica reducción de las tasas de natalidad en los últimos 40 años reducen la proporción de empleados/jubilados: hay menos trabajadores para sostener a más jubilados.
En Colombia el sector salud representa el 7% del PIB. Si se compara este porcentaje con el 12% de los países desarrollados, la situación no parecería tan grave, pero el porcentaje en el país se aplica a US$5.000 por habitante y el 12% de los países desarrollados a US$40.000. Fuera de concurso está EE.UU., que destina el 16% a salud con resultados inferiores a los otros países desarrollados. Buena parte del gasto se destina a la muerte y no a la vida, se concentra en los últimos meses del paciente en costosos tratamientos, en lo que se denomina “ensañamiento médico”. A título comparativo, el gasto en salud por habitante en EE.UU. es 20 veces mayor que en Colombia. Es indudable que la cobertura de salud en el país ha crecido, pero la calidad no lo ha hecho al mismo ritmo. Aunque suene políticamente incorrecto, es más equitativo ampliar inicialmente la cobertura, aun a riesgo de sacrificar calidad; así se da protección a los más necesitados; al crecer la cobertura se crea la presión para aumentar calidad. Por restricciones financieras estructurales no es posible llegar a los mismos estándares de servicio que en los países desarrollados. Aun si no se roban la plata de la salud.
Las prioridades son claras: mayor esfuerzo en prevención, en eficiencia administrativa y también enfrentar las mafias que se lucran con los recursos de la salud.
Cuando se diseñó el sistema en Colombia, se fijó como meta que un tercio de los afiliados lo fuera en el sector subsidiado y dos tercios en el contributivo. Hoy la situación es la opuesta, cerca del 70% pertenece al régimen subsidiado, lo que demanda crecientes recursos del presupuesto nacional. En muchos países desarrollados el servicio de salud es financiado, en su casi totalidad, por el Estado. En esos países los impuestos son mayores, no existen generosas exenciones para los sectores más ricos, ni en ellos se da la aberración de regalarles subsidios a los más poderosos (que coinciden con los aportantes a las campañas reeleccionistas). Adicionalmente, el nivel de apropiación indebida de recursos públicos no llega a los niveles alcanzados en Colombia.
*Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano.