EN COLOMBIA LOS TRÁMITES AN- te las entidades estatales, lejos de ser más fluidos, son cada vez más complejos y molestos.
A diferencia del sector privado que hace uso de la tecnología para facilitar la vida al ciudadano, el Estado parece empeñado en fortalecer las “oficinas de mortificación ciudadana”. El uso de la internet ha permitido que los usuarios de servicios públicos y financieros se vean liberados de hacer colas en los centros de pago. Casi ninguno de esos avances han sido posibles en el Estado. Piénsese en el enredo monumental que se creó al obligar al pago único de la seguridad social, cuando aún no estaba operando el sistema; el RUNT es otro ejemplo. El Gobierno fija fechas que no puede cumplir y en lugar de reconocer su error, emprende una campaña de amenazas con multas: un irrespeto al ciudadano, se utiliza el “poder absoluto del funcionario”. Se fijaron unos plazos imposibles de cumplir para cambiar la cédula de ciudadanía y el Gobierno, sólo a última hora, reconoció la imposibilidad de hacerlo y amplió los plazos. Muchas personas tuvieron que recurrir a derechos de petición y tutelas para lograr la entrega de la nueva cédula que había sido solicitada uno o dos años antes.
La diáspora, parecería que sólo le interesa al Gobierno por el envío de remesas. El desprecio y el maltrato que reciben los emigrantes por parte de algunas oficinas consulares cuando se ven obligados a realizar trámites, es comentario común entre los residentes en el extranjero. Sin importar su trabajo y su tiempo, les hacen perder, con frecuencia, el viaje que realizan al consulado más cercano para recibirlo con la notificación “no hay papelería”.
Registrar a un hijo nacido en el exterior para que tenga la doble nacionalidad, derecho constitucional, es una odisea. Se exigen requisitos que contravienen el ordenamiento jurídico al pedir el certificado de matrimonio y de no existir éste definen que sólo el padre puede proceder al registro, se ignoran las leyes de igualdad de género.
Para contribuir al maltrato ciudadano, el Gobierno se inventó como requisito exigir el pasado judicial para la ejecución de actividades Estado-Ciudadano. La prueba reina que el objetivo es mortificar, es que el historial está en línea como lo comprueba cualquier viajero internacional. Esta base de datos podría consultarla la entidad, con autorización, sin que el ciudadano se vea obligado a perder su tiempo, paciencia y dinero. En teoría es posible obtener el documento por internet, pero los tiempos de espera y las dificultades de conexión anulan esta alternativa para un buen número de usuarios. Si el entusiasmo y eficiencia que desarrolló el DAS para violar la privacidad a periodistas, dirigentes de la oposición y al sector judicial, se hubieran empleado para facilitarle la vida al ciudadano, otro sería el resultado.
En este estado de cosas, una dependencia gubernamental funcionaba, la oficina de pasaportes. Por alguna extraña razón el sistema era amable y eficiente, el trámite se realizaba en pocas horas. Por supuesto esta situación era insostenible, se podía utilizar como argumento en contra de la extendida ineficiencia de las otras entidades oficiales. Se requería volver al “Orden Cósmico”. Que el sector público fuera en su totalidad ineficiente. Se logró el objetivo, el Gobierno anunció que ahora el trámite no sea de unas horas sino de varios días, alineándose con las otras entidades. Es válido preguntarse ¿y la tecnología para qué?