Los cambios en la Geopolítica, impensables hace unos lustros; el fin de la Guerra Fría, la desintegración de la U.R.S.S. y su renuncia a la economía central planificada y a la dictadura del proletariado; la apertura de China y la adopción de políticas no comunistas en las zonas económicas especiales; agréguese la degradación de la guerra irregular prolongada, contaminada por el narcotráfico y por la violación a los derechos humanos al utilizar el secuestro como arma política o de extorsión: todo esto hace que la semicentenaria guerrilla de las Farc sea anacrónica en sus planteamientos políticos y su accionar censurable.
Colombia requiere políticas que reduzcan los niveles de desigualdad, que permitan el equitativo acceso a los servicios públicos, entre ellos el derecho a la educación superior, a la salud, a las pensiones, etc. El sufrimiento de los desplazados y los desposeídos requiere soluciones que no dan espera. Igualmente requieren solución los sistemas injustos de posesión y propiedad de la tierra que han acompañado buena parte de nuestra historia.
En sus inicios las Farc y el Eln tomaron como banderas la distribución del ingreso y de la propiedad. Algunos de los puntos que planteó Camilo Torres fueron acogidos en leyes y en la Constitución de 1991. La Ley de Víctimas busca resarcir a quienes han sufrido despojos, desplazamientos y la muerte de sus familiares. La reciente crítica de Uribe a Juan Manuel Ospina, porque este heredero de terratenientes no está a su servicio, demuestra que la aplicación de la ley va bien orientada.
El camino de las reivindicaciones no es hoy la lucha armada. El ruido de las armas impide oír las voces de quienes quieren hacer una política social equitativa y son un obstáculo para la construcción de partidos de oposición que sean alternativas de poder.
La guerrilla es la principal excusa para que Colombia destine el 6,5% del PIB al gasto militar (incluyendo pasivo pensional) y que su ejército sea casi igual al de Brasil, país con una economía nueve veces mayor a la nuestra. Los países europeos destinan el 2% del PIB al gasto militar y los Estados Unidos el 4%. Como comparación, el aporte fiscal colombiano a la educación superior es 0,5% del PIB.
Si la guerrilla libera unilateralmente a todos sus secuestrados e inicia un proceso acelerado de desmovilización, no habría razón para no reorientar el gasto militar y destinar estos recursos a resolver los mayores problemas sociales del país. Podría duplicarse la cobertura de las universidades públicas, resolver el déficit del sector salud, mejorar la atrasada infraestructura. Desde el punto de vista político, la guerrilla podría mostrar que su desmovilización permite ejecutar algunas de sus iniciales propuestas sociales.
El expresidente Barco planteó mejores alternativas para los países en vías de desarrollo que la compra de armamentos. Un poco más atrás, durante el período de la Constitución de 1863, el Estado soberano de Antioquia renunció a tener un ejército y el gobernador Pedro Justo Berrío dedicó los escasos recursos a la educación; sus frutos aún perduran. Basta mirar sus universidades, sus institutos tecnológicos y su desarrollo industrial.
Costa Rica eligió tener una guardia territorial y no un Ejército; ese ahorro se orientó a mejorar el nivel de vida de sus habitantes.
* Rector Universidad Jorge Tadeo Lozano