Posiblemente una de las decisiones más difíciles, pero a su vez una de las de un eventual mayor impacto positivo o negativo en la economía, es la que tendrán que tomar Gobierno, empresarios y centrales obreras el próximo mes y que corresponde a cuánto aumentará el salario mínimo.
Se trata de una decisión que afecta a unos 2 millones de empleados del país, anima o no el gasto de las familias, propicia un espíritu distinto en la economía y determina buena parte de las actuaciones y decisiones futuras del sector empresarial. De igual forma, el incremento del salario mínimo se convierte en un punto de partida para negociaciones contractuales y para la definición de tarifas e indicadores que históricamente han estado atados a dicho incremento. Finalmente, anticipa hacia dónde va el crecimiento de los precios y, por ende, se convierte en un determinante del futuro valor de la inflación.
La razón para que hoy sea un gran dilema está íntimamente ligada al comportamiento de los precios en el último trimestre del año. Presenciamos un incremento de precios que puede ser el más alto en los últimos 10 años, explicado en buena medida por el comportamiento de la tasa de cambio (que ha tenido en estas semanas una tendencia al alza derivado de la dramática caída en los precios del petróleo) y también por el fenómeno de El Niño, que ha incrementado los precios de los alimentos. Para no ir muy lejos, en el último año, productos de la canasta básica de todos los colombianos como fríjol, tomate, papa, yuca, entre otros, tienen crecimientos de más del 50%, y algo similar ya sucede en el servicio de energía y gas.
Lo que seguramente va a suceder, es que la inflación de cierre de año esté por encima del 6% y que la productividad laboral pueda ser muy baja. Sin embargo, buena parte de ese comportamiento de precios se explica por un fenómeno temporal que debe ceder a más tardar en el primer trimestre del año 2016. Dicho de otra manera, es una situación coyuntural que ya genera impactos de largo plazo, al punto que el propio Banco Central y el ministro de Hacienda ya hablan de una inflación en 2016, ligeramente por encima del 4%, con riesgos de algo similar en 2017, de no atajarse a tiempo las expectativas de precios al alza.
Si la inflación de 2016 estará cercana al 4%, y si la discusión de aumento de salario mínimo arranca en el 6% de inflación de este año, el riesgo de seguir elevando las expectativas de precios al alza es muy grande. Dicho con palabras directas, así constitucionalmente no sea posible, incrementar el salario mínimo por encima del 6 o 7% no parece una decisión sensata, y menos en un escenario de desaceleración en el crecimiento.
El riesgo que se puede presentar y que seguramente ocurrirá, es que la tasa de desempleo comience de nuevo una tendencia al alza y que un salario mínimo creciendo más de lo deseado motive en los empresarios a la racional actitud de contratar menos y en algunos casos despedir gente.
En defensa de un incremento de sólo el aumento de precios (que es el que mínimamente sería posible a la luz de las decisiones de la Corte Constitucional), está además el hecho de que en los últimos 4 años el crecimiento del salario ha estado por encima de la suma de inflación y productividad laboral, al punto que ha generado ingresos reales positivos a los trabajadores. De hecho, el incremento del año en curso fue del 4,6%, que está por encima del crecimiento de inflación y productividad. En 2014, también, el incremento generó un aumento real en los ingresos de las personas por encima de un punto porcentual.
Desde esta columna acompañé dichos aumentos como un instrumento para motivar el crecimiento del país en momentos en que estábamos en las vacas gordas. Pero ahora el “palo no está para hacer cucharas”, y una decisión manguiancha generará desempleo, desanimará el crecimiento y seguirá elevando la inflación, asuntos todos que afectan especialmente a los más pobres.
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