Los más recientes acontecimientos de la vida de nuestro sistema de la educación superior, y particularmente los que se presentaron con motivo del caso de la Universidad San Martín, ponen de presente un fenómeno muy delicado educativa y socialmente, que debe ser corregido y ajustado antes de que dicho hecho mine uno de los valores fundamentales de la educación superior, como es la verdadera autonomía universitaria.
La valiente intervención de la ministra de Educación, que desde hace varios años se ha debido realizar, deja al descubierto serios problemas en la realidad de un sistema de educación superior que se dice es sin ánimo de lucro y que aparentemente en una alta proporción responde a lo contrario, con el agravante de una ausencia hasta ahora de un adecuado sistema de inspección, vigilancia y control.
Terminamos en el peor de los mundos. Un sistema donde teóricamente no debería haber ánimo de lucro y, sin embargo, en casos como este pasa todo lo contrario, pero peor aún, con ausencia de dientes y de voluntad política para ejercer la evaluación e intervención necesaria en el sistema, para garantizar que la prestación de un servicio que por naturaleza es público, no termine engrosando las cuentas personales de fundadores de instituciones, sino contribuyendo a la calidad y la excelencia del sistema.
Queda en evidencia que se hace necesario un agente distinto al Ministerio de Educación Nacional para que realice una supervisión y un control riguroso a las instituciones, y para que no termine siendo simultáneamente actor político y juez de la calidad del mismo sistema.
Pero también valdría la reflexión sobre una revisión cuidadosa a las prácticas de gobierno corporativo en instituciones de educación superior. Como lo recomendamos junto con los profesores Alexánder Guzmán y María Andrea Trujillo en un libro publicado a finales de 2012 bajo el título Gobierno corporativo en las instituciones de educación superior, es indispensable evaluar tres posibles fuentes de conflictos de interés que se suelen presentar en las organizaciones de educación superior y que dan lugar a malas prácticas de gobierno universitario.
En dicha publicación alertamos sobre problemas, violaciones a la ley y malas prácticas de gestión universitaria, como los que se están viendo estas semanas en el país, tales como: fundadores y familiares de esos que actúan y se comportan como dueños y se convierten en proveedores sin ningún control; negociación de puestos en los consejos directivos en paraísos fiscales, ante la mirada pasiva de los órganos de control; excesivas remuneraciones a fundadores, miembros de las familias de fundadores y miembros de consejos directivos universitarios; extracción de rentas e ingresos de las instituciones educativas a recaudos distintos a los del fin de la prestación del servicio público y más para engrosar cuentas privadas; para no hablar de contrataciones profesorales que responden a razones distintas a las puramente académicas; entre muchos otros temas que se señalaban en dicho texto.
Bienvenida la acción de la ministra de Educación en aras de garantizar una autonomía universitaria que por esencia es responsable socialmente y que debe ser transparente y verificable, lo contrario no se puede reconocer como “autonomía universitaria”, sino como una vulgar “irresponsabilidad” que debe ser investigada y debidamente sancionada.
Para el futuro quedan dos preguntas por resolver. La primera es por qué no se actuó anteriormente frente a hechos como los de esta semana, cuando eran evidentes desde el pasado por la cantidad de sanciones que tenía la institución.
Y la segunda inquietud es cómo podemos actualizar y poner a tono la Ley 30 de 1992 (Ley general de educación superior), para que este tipo de casos no sigan sucediéndose y para que verdaderamente existan medios efectivos de supervisión, seguimiento y control.
Es triste constatar que sabiendo que dicha ley debe ser modificada, no hayamos sido capaces de enfrentar los ajustes y cambios que necesita, para un sistema de educación superior que es hoy radicalmente distinto y más complejo, respecto de aquel que existía hace 22 años.
Pueda ser que el ejecutivo y el legislativo se atrevan a dar un paso adelante en un sistema que reclama una legislación a la medida de sus nuevas necesidades, dificultades y realidades.
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