Fueron muchos los que recorrieron el país durante la Semana Santa. Aparte de seguramente descansar, se dieron cuenta del tremendo impacto económico del fenómeno de El Niño, que efectivamente está generando problemas de escasez, cosechas y altos precios y que con la ausencia del agua, sumada a eventuales recortes de energía, pone en riesgo el futuro socio-económico de muchas zonas del país.
En ese mismo recorrido fueron muchos también los que recorrieron los avances en la construcción de infraestructura del país, algunas de las cuales llevan años en construcción, pero donde ya se vislumbra y anticipa un nuevo aire en carreteras y aeropuertos, mucho más competitivos, modernos y a la medida de las nuevas necesidades.
Sin duda, hoy se nota un ambiente de desarrollo regional en muchas ciudades intermedias y en especial en la Costa Caribe. Este desarrollo pone de presente la importancia del papel de las regiones en la definición de impuestos, tasas, contribuciones y hasta multas locales. Lo que muchos otros igualmente señalan, es que hoy más que nunca se están presentando serios abusos en la definición de impuestos y cargas locales, que pueden estar yendo en contravía del interés de regiones más competitivas y prósperas.
Es frecuente el reclamo de empresarios en muchas ciudades del país sobre las altas cargas tributarias en impuestos prediales, industria y comercio, vehículos, y lo propio en tasas, contribuciones y hasta en multas.
Como lo señala la Comisión de Reforma Tributaria Estructural, hoy hay vigentes más de 13 tarifas de impuestos departamentales, 20 municipales y 24 gravámenes y contribuciones, muchos de los cuales sin siquiera estar adecuadamente regulados, con casos en donde se presentan francos abusos. Para no ir muy lejos, basta recordar los incrementos en el impuesto predial en Bogotá en años anteriores y las más recientes declaraciones de pago de impuestos de vehículos. A manera de ejemplo, entre el 2008 y el 2015 el aumento anual promedio de los valores catastrales en Bogotá fue del 21 % y de los recaudos prediales del 16 %, mientras que el aumento promedio anual del salario mínimo fue del 4,9 % y del IPC del 2,8 %. En Vehículos vimos también reclamos por aumentos de pago de impuestos superiores al 40 % y hasta duplicaciones en los avalúos comerciales, así como por asuntos inequitativos como que casi la mitad de los vehículos que usan las vías no pagan un peso de impuesto.
Este desorden local tiene otro ejemplo absurdo. Los abusos en el recaudo de multas a través del sistema de fotomultas. Imagínese esta caricatura: Luego de millonarias inversiones en carreteras de dos y tres carriles, en muchas de ellas hay restricciones en varios trechos a velocidades máximas de 40 kilómetros por hora y hasta de 30, así como de 60 kilómetros en la noche. Lo que sucede por ejemplo en la autopista Barranquilla-Cartagena es particularmente absurdo por dichas restricciones, al punto que para muchos ese recorrido se convierte en un “paseo millonario” en fotomultas. Me pregunto yo: ¿quién controla a los municipios en la definición de estos límites de velocidad, cuál es el criterio técnico, así como en la cantidad y ubicación de dicho tipo de restricciones; quién verifica que en comisiones las firmas que asesoran al municipio en el cobro de las fotomultas no terminen haciendo su “agosto”; quién controla los abusos que aquí se están presentando?
A manera de ejercicio alguien verificó que en promedio entre Bogotá y Santa Marta en el estado actual de avance de la Ruta del Sol, un automóvil se demora más o menos 14 a 16 horas. Si dicho trayecto se hiciera aplicando a rajatabla los máximos de velocidad permitidos según las regulaciones locales de vías, demoraría entre 20 y 25 horas. Se pregunta uno entonces ¿para qué tanta inversión en vías?
La conclusión es que es urgente regular la capacidad de decisión de los municipios y departamentos en materia de tributos y cargas locales, so pena de que los esfuerzos de inversión en materia competitiva del país terminen siendo inútiles. Y en esto es indispensable la mirada cuidadosa, meticulosa, inteligente y efectiva del Gobierno Nacional.
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