Y arrancó la discusión sobre el crecimiento del salario mínimo. Frente a este debate siempre entran en tensión dos objetivos nacionales válidos, que de no manejarse adecuadamente pueden verse afectados.
Es justamente por esto, que esta discusión merece estudiarse con mucho cuidado. De un lado está el legítimo interés de un país más competitivo, en el que los costos laborales no superen valores que pueden ir en detrimento de la capacidad del sector empleador o productivo, y que eviten aumentar las ineficiencias existentes en lo mercados laborales, que nos hace ver en la mayoría de los indicadores de competitividad global, como uno de los países con altos costos relativos de su recurso humano. De otro lado, está el interés genuino por mayores niveles de equidad, que garanticen una vida digna a aquella porción de la sociedad que vive con el salario mínimo y que permita que dichas familias satisfagan sus necesidades básicas vitales.
La inequidad es relevante y que, como lo señala la OCDE, países con una brecha más grande entre ricos y pobres, son naciones en las que se frena el crecimiento. En los 80 los más ricos ganaban 7 veces lo de los más pobres, hoy la proporción supera las 9,5 veces, situación que se confirma en los trabajos de Thomas Piketty bajo el título del Capitalismo del Siglo XXI, que concluye que el 1% de la población más rica es relativamente cada vez más rica, ampliando la tasa de inequidad en naciones desarrolladas y emergentes.
El aumento del salario mínimo supone dos caminos. Uno, recomiendan mis colegas, de la ortodoxia económica en el que se pondera la inflación esperada con la inflación causada y a ello se agrega el indicador causado de productividad (suele ser un misterio para la mayoría de población y que casi por fe se recoge de los trabajos del DNP o de algunos especialistas en la materia). Seguir esta senda nos ubicaría entre un 4,3 y un 4,5% de incremento estimado para 2015. Este camino preservaría que el incremento responda adecuadamente a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda y además reconoce la capacidad del recurso humano de darle un mayor valor agregado a la economía.
El segundo camino es que le recorren economías como la Europea y algunas de Asia, en el que el incremento del salario debe hacerse de tal forma que nos vayamos acercando poco a poco a un salario básico vital, que es aquel que en una nación permite cubrir las necesidades humanas básicas con cierta dignidad en materia de alimentación, vivienda, transporte, educación, recreación, salud y vestido, entre otros asuntos. Este monto debe, además, reconocer que dicho valor debe solventar esas necesidades al interior de una familia promedio. Estudios realizados para el caso colombiano hablan de un valor cercano al millón trescientos mil pesos para una familia. Esto no se logra en un solo aumento, pero sí significa que podríamos ir más allá del 4,5%.
Por eso, es justo proponer un monto entre el 5 y 5,5%, que como ha sucedido en los últimos 4 años, significa un crecimiento superior a la fórmula expresada anteriormente, y que le ha permitido a los trabajadores aumentar su capacidad de compra en la canasta básica.
Lograr este monto de incremento, es un sano equilibrio entre competitividad y equidad, y puede ser posible siempre y cuando no sigamos aumentando las tasas de tributación empresarial y no volvamos a aumentar los costos del recargo nocturno. Logrados estos tres propósitos permitiría que el país mejore en capacidad de compra, sostenga el buen desempeño en el consumo, mantenga la inversión productiva y garantice el mejoramiento en formalización laboral y generación estable de empleo.
Cifras por encima de dicho monto pueden ser expresiones de populismo laboral, peligrosas para el crecimiento e inflación en las economías y complejas para garantizar que sigamos reduciendo el desempleo y mejorando en formalización.
* José Manuel Restrepo Abondano