Salieron recientemente los datos del crecimiento del PIB colombiano para el segundo trimestre del año.
Sorprendió que el crecimiento estuvo por encima de las estimaciones de la mayoría de analistas, así como el buen desempeño en comparación con países vecinos y con la mayoría de los países desarrollados. En positivo también fue el comportamiento del sector de construcción de vivienda e infraestructura, así como el desempeño de los servicios y de la propia minería (esto último por un aumento en la producción, a pesar de la caída de los precios del petróleo).
Signos de interrogación aparecen sobre el comportamiento muy flojo de la industria y del agro (excepción hecha del café). Sin embargo, la mayor inquietud es, viendo el mal comportamiento de los bienes básicos en materia de precios, cuál será la fuente sobre la cual recaerá el crecimiento de largo plazo de nuestra economía. Dicho de otra manera, cuál va a ser el camino para aumentar la competitividad y productividad de la economía y cuál será el reemplazo en nuestra canasta exportadora del petróleo, que a la fecha representa más del 50% de las exportaciones, más del 17% de los ingresos fiscales y más del 7% del PIB. Lo anterior se agrava ante las previsiones de algunos que sitúan el precio del petróleo en valores aún inferiores a los US$20 por barril.
Una parte de la respuesta a lo anterior, y tal como lo señalan los sistemas de referenciación (ranking) mundial de competitividad de las naciones (como el del IMD y el del Word Economic Forum), es el urgente y necesario esfuerzo adicional en materia de innovación y de mejoramiento de la educación superior en el nivel doctoral, para que a través de la investigación se motive la generación de valor agregado y se aporte a los grandes temas y problemas del país.
Lo sorprendente es que esto que parece evidente no lo es a la luz de las cifras del presupuesto nacional. De una inversión nacional en ciencia, tecnología e innovación en el año 2012 de $416.000 millones de dicho año (cifra que de hecho es una de las más bajas proporcionalmente al PIB en nuestra América Latina), estamos pasando a $270.000 millones para el año 2016. Lo anterior significa una caída en términos absolutos del 35%, y en términos reales podría llegar a ser superior al 50%.
Mientras nosotros reducimos el presupuesto para la ciencia, creyendo que así vamos a innovar más y ser más competitivos, el ministro de Ciencia del Reino Unido, Joe Johnson, anunciaba mayor impacto, preocupación especial por el financiamiento de la investigación y un esfuerzo adicional por reunir la totalidad de los recursos de la nación, para que vayan dirigidos a la investigación de forma más estratégica, así como un esfuerzo adicional en la formación de investigadores.
En la discusión del presupuesto general de la nación en el Congreso de la República, llegó el momento de repensar dicho presupuesto para ciencia y tecnología, pero no con la lógica de “darles gusto a algunos científicos”, sino con la firme convicción de que sin más ciencia, nuestra capacidad de crecimiento de largo plazo será bastante limitada y seguiremos dependientes y al vaivén de la coyuntura económica de turno (la tasa de cambio, el precio de un bien básico o una política coyuntural de gasto público).
El asunto es de coherencia y viabilidad de futuro como país. Hoy, según el presupuesto de 2016, preferimos gastar $387.000 millones en la unidad de protección (escoltas y similares), a simplemente sostener el presupuesto en ciencia del año 2012. Sin embargo, simultáneamente queremos ingresar a la OCDE, mejorar en PISA, ser más productivos y competitivos y construir la nación más educada de América Latina.
De pronto llegó el momento para que la ciencia y la innovación sean verdaderamente una prioridad y para que hagamos de dicha inversión una oportunidad para crecer a tasas superiores al actual 3%. La invitación es a que así como financiamos una unidad de protección, le demos también protección a una real fuente de construcción de un país moderno y próspero.
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