Con trámite exprés, el Gobierno legalizó con el decreto 2041 las licencias exprés y consolidó la mortal desregulación ambiental que constituye otro factor común entre Santos y Uribe, quienes tomaron claro partido a favor de la mano invisible del mercado, en su pulso en contra de la mano dadivosa de la naturaleza que termina arrodillada ante la urgencia económica actual.
¿Cual es el afán? P, preguntó el senador Robledo en su debate contra este decreto cuya falsa motivación fue reducir en veinte días el trámite de expedición de licencias, como si ese breve lapso fuera significativo en proyectos comerciales de aliento superior a décadas o fuera representativo para el planeta, cuyo calendario no se subordina al desespero del Gobierno ante la terminación del boom petrolero, tal y como varios codirectores del Banco de la República ya lo han reconocido.
No, no es reducir “trámites innecesarios”, como los calificó el vicepresidente de la República, lo que motiva esta decadente normatividad ambiental, sino una política permisiva y depredadora, en detrimento del interés general y generacional, para favorecer a los empresarios usuarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que necesitan legalizar procedimientos como el fracking mediante la exprés modificación de licencias ya existentes para pozos petroleros convencionales y así evadir controles de una institucionalidad de por sí debilitada por una estructura de inestabilidad laboral, como fue también denunciado en el debate parlamentario sobre el tema.
Y ni siquiera fueron todos los usuarios de la ANLA los beneficiados con este decreto, sino las empresas multinacionales, que, bajo la falsa premisa de que sin inversión extranjera nuestro modelo económico no es viable, sacarán pecho como salvadores en este momento en que el modelo extractivista está colapsando y los desbalances fiscales y comerciales que ya resquebrajan nuestra economía empiezan a pasar factura al medio ambiente.
Se abre un boquete de discrecionalidad y ambigüedad interpretativa a las normas ambientales con este decreto. Así, por ejemplo, la prohibición de explotación minera en páramos establecida por la Ley 1450 de 2011 o el licenciamiento de la sísmica exigido por la Ley 99 de 1993 quedarán debilitados con esta política, que más temprano que tarde condena a muerte a buena parte de nuestros frágiles e ignorados ecosistemas.