Corresponde a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía investigar los alcances de las desafortunadas declaraciones de la presidenta de la Agencia Nacional Minera, quien, contradiciendo el discurso de tolerancia del Gobierno, radicalizó el debate sobre el medio ambiente y el modelo de desarrollo económico extractivo.
Al afirmar que “no podemos dejarnos ganar por los ambientalistas radicales”, la funcionaria gradúa su propia posición de radical, con lo cual sus decisiones, especialmente las definidas en los artículos 34 a 37 del Código de Minas, entre otras, estarían viciadas de abierto impedimento y le cabrían recusaciones ante cada uno de sus actos administrativos por su declarada parcialidad en contra de un medio ambiente sostenible, que pareciera considerar accesorio a la emergencia fiscal que induce al Gobierno a espolear la minería a como dé lugar.
Bajo esta óptica oficial denigrante con los defensores del medio ambiente, las 8.840 solicitudes de títulos mineros que la funcionaria dice tener represadas en su despacho se estarían abordando equivocadamente como un tema administrativo, cuando el problema es técnico, ya que más del 60% de una licencia depende de los flojos estudios de impacto ambiental, revisados por las CAR o la ANLA, que a su vez no posee mas que 620 funcionarios, de los cuales la mitad son administrativos.
Definitivamente no hay estructura institucional para esta estratégica función y de ejecutarla de manera exprés para “estimular” el sector minero sería un falso positivo ambiental, no sólo contra los actuales ciudadanos sino también con los de próximas generaciones.
Ahora bien, si en su calidad de viceministra la funcionaria en mención no desarrolló ninguna acción, incurriendo posiblemente en un prevaricato por omisión, ante la denuncia de minería ilegal en los cerros orientales de Bogotá en la vía Codito-La Calera a la vista de todos los bogotanos, y que personalmente entregué en su propio despacho con el radicado 2013049887 del 13 de agosto de 2013, ¿qué podríamos esperar de esta política oficial?
Puede que seamos muy expertos en el conocimiento financiero y fiscal del país, pero eso no nos permite ignorar lo ambiental y los juiciosos estudios de biodiversidad que expertos académicos han adelantado, o tildarlos de radicales.
Dios nos ampare de los calificativos que seguirán después.