En materia económica, la información empresarial es un bien público y si las empresas inscritas en el Registro Nacional de Valores la falsean, incurren en delitos contra el orden económico y social de la nación, es decir, contra todos nosotros.
Casos norteamericanos como el de ENRON, con falsa contabilidad, y la quiebra de Lehman Brothers como resultado de operaciones fraudulentas con derivados financieros, que desató la actual crisis económica, son ejemplos de la trascendencia que las actuaciones de empresarios del sector privado tienen sobre la sociedad.
Por lo anterior, no solo la difusión, sino principalmente el análisis que se pueda hacer por los periodistas especializados en medios de comunicación masivos, es central para que la información empresarial no afecte adversamente el orden público. Por ello, de manera parecida a las explicaciones que debe dar cualquier funcionario público sobre su comportamiento oficial, los representantes legales de empresas inscritas en Bolsas de Valores, deben aceptar el escrutinio público sobre su gestión.
Registro con extrema preocupación, que en Colombia parece estar abriéndose paso una modalidad de “matoneo judicial a la libertad de prensa”, como lo califica Hector Hernández, en su calidad de director de Primera Página, conocido portal y programa radial de información económica. Su más reciente editorial relata el acoso judicial del que ha sido objeto por los abogados de Petromagdalena, antes denominada Alange Energy, En su momento y por informar cifras de producción de petróleo por encima de las realmente obtenidas, salió de su dirección Luis Giusti, empresario venezolano que para la época pertenecía al círculo directivo de Pacific Rubiales. El mercado bursátil canadiense, en donde Alange Energy tiene inscrita la acción, reaccionó con contundencia ante la desinformación. El precio de la acción se derrumbó en más de un 70%.
Ahora bien, la influencia, buena o mala, que puede ejercer el sector privado sobre los medios de comunicación, no se limita al acoso judicial, también puede ejecutarse mediante la compra directa de medios como lo han hecho los directivos venezolanos de Pacific Rubiales, o con masivas pautas publicitarias que fortalezcan los ingresos de emisoras, periódicos o tal vez hasta líderes de opinión. Hay mucho en juego, no solo en materia económica sino social y donde los medios de comunicación no pueden ser el opio del pueblo.