Como si el manoseo a nuestra Constitución Política no hubiera sido suficiente con el tema de la reforma a la justicia, ahora el presidente Santos propone otro ultraje pero en materia económica.
Ha propuesto que el Banco de la República compre hasta US$10.000 millones en detrimento de aumentar sus actuales pérdidas, con el argumento de que el Gobierno las asumiría en su presupuesto general. Esto es abiertamente anticonstitucional, pues en su artículo 373 nuestra carta reza: “Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime de la junta directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto”. Entonces, salvo que todos los codirectores de nuestro Banco Central se plieguen a tan abierta operación de financiamiento de déficit fiscal, acumular reservas de manera tan desmedida representará emisión primaria que irá en detrimento de todos los ciudadanos, que más temprano que tarde verán afectada su capacidad adquisitiva por cuenta de la inflación, el más regresivo de los impuestos.
Es loable el interés de moderar la perjudicial revaluación del peso, pero el cómo es discutible. El ejemplo peruano que tanto se alega es diferente al nuestro, pues en ese país el Gobierno es el que compra dólares en el mercado con recursos propios depositados en su Banco Central, pero en Colombia el Gobierno no quiere hacerlo con su plata sino con emisión primaria que es controlada por nuestra Carta Magna. Mientras en Perú el Gobierno interviene el mercado con recursos propios, en Colombia se propone hacerlo con recursos de los ciudadanos.
Ya el expresidente Uribe intentó quitarnos US$500 millones de reservas en el año 2003 con el argumento de pagar deuda externa y haciendo pensar que las reservas internacionales son del Gobierno, ultraje que sí cometió la presidenta de Argentina y que terminó con la renuncia, por rechazo a esa maniobra, del presidente de su Banco Central y tiene hoy consecuencias adicionales que arrinconan a esa Nación en materia cambiaria.
El presidente Santos en esto se parece a Uribe, pero no desacumulando reservas sino acumulando, y desconociendo la autonomía del Emisor, el que espero se niegue a esta emisión para financiar al Gobierno. Es una maniobra que esconde el desorden fiscal actual que profundiza la revaluación.