El 30 de julio pasado los acreedores de Argentina no recibieron su pago semestral sobre los bonos que fueron reestructurados después de la última moratoria de este país en 2001.
Argentina había depositado US$539 millones en el Bank of New York Mellon unos días antes para dicho efecto. No obstante, este banco no pudo transferir los fondos a los acreedores: el juez federal de EE.UU. Thomas Griesa había ordenado que Argentina no podía pagar a los acreedores que aceptaron su reestructuración hasta que pagara completamente —incluyendo el pago de intereses vencidos— a aquellos acreedores que se negaron a participar en dicha reestructuración.
Por primera vez en la historia, a un país que está dispuesto y tiene la capacidad para pagar a sus acreedores, un juez le impide hacerlo. Los medios de comunicación denominan la situación como una moratoria por parte de la Argentina, pero el hashtag #Griesafault en Twitter describió dicha situación de manera mucho más precisa. Argentina ha cumplido con las obligaciones que tiene con sus ciudadanos y también las que tiene con sus acreedores, quienes aceptaron la reestructuración que este país realizó. El fallo de Griesa, sin embargo, alienta al comportamiento usurero, se torna en una amenaza para el funcionamiento de los mercados financieros internacionales y desafía un principio básico del capitalismo moderno: los deudores insolventes necesitan un nuevo comienzo.
Las moratorias soberanas son eventos comunes que tienen muchas causas. Para Argentina, la ruta a su moratoria del año 2001 comenzó cuando su deuda soberana se incrementó rápidamente en la década de los años 1990. Dicho aumento se produjo de manera concurrente con las reformas económicas neoliberales del Consenso de Washington, que según la creencia de los acreedores iban a enriquecer al país. El experimento falló y el país sufrió una profunda crisis económica y social, con una recesión que duró desde 1998 hasta 2002. Al final de dicho período se alcanzó un porcentaje récord: el 57,5% de los argentinos se encontraba viviendo en niveles de pobreza y la tasa de desempleo se disparó hasta alcanzar el 20,8%.
Argentina reestructuró su deuda en dos rondas de negociaciones, en 2005 y 2010. Más del 92% de los acreedores aceptaron el nuevo acuerdo y recibieron bonos intercambiados y bonos indexados al PIB. Todo funcionó bien, tanto para la Argentina como para los que aceptaron la reestructuración. La economía creció vertiginosamente, por lo que la rentabilidad de los bonos indexados al PIB fue muy generosa.
Pero los llamados inversionistas buitres vieron la oportunidad de obtener beneficios aún mayores. Los buitres no eran ni inversores a largo plazo en Argentina ni optimistas que creían que las políticas del Consenso de Washington irían a funcionar. Simplemente fueron especuladores que se abalanzaron tras la moratoria del año 2001 y compraron bonos, que fueron vendidos por inversores que habían entrado en pánico, a un precio que representaba una fracción de su valor nominal. Posteriormente demandaron a Argentina para obtener el 100% de dicho valor. NML Capital, una filial del fondo de cobertura Elliot Management, cuyo ejecutivo principal es Paul Singer, invirtió US$48 millones en bonos en el año 2008; gracias al fallo de Griesa, NML Capital ahora debería recibir US$832 millones, una ganancia de más del 1.600%.
Las cifras son tan altas, en parte, debido a que los buitres buscan cobrar intereses vencidos que, para el caso de algunos valores, incluyen una prima de riesgo país —la tasa de interés más alta que se ofreció cuando se emitieron los bonos para compensar la percepción de una mayor probabilidad de que ocurriera una moratoria—. Griesa consideró que esa tasa era razonable. Económicamente, sin embargo, no tiene ningún sentido. Cuando un país paga una prima de riesgo sobre su deuda, significa que la moratoria es una posibilidad. Pero si un tribunal dictamina que un país siempre debe reembolsar su deuda, no existe un riesgo de moratoria que deba ser compensado.
El reembolso en los términos estipulados por Griesa devastaría la economía argentina. NML Capital y los otros buitres, a pesar de que en su conjunto solamente representan al 1% de los acreedores, recibirían un total de US$1.500 millones. Otros acreedores que se negaron a participar en el proceso de reestructuración (6,6% del total) recibirían US$15.000 millones. Y debido a que en la reestructuración de la deuda se estipula que todos los acreedores que aceptaron dicha reestructuración podrían demandar que sus acreencias sean tratadas de acuerdo con los mismos términos que se otorgan a los acreedores que se negaron a participar en dicho proceso de reestructuración, Argentina podría entrar en apuros ya que tendría que pagar US$140.000 millones adicionales.
Pero además, la existencia de las permutas de incumplimiento crediticio, o CDS, por su denominación en inglés, crea la posibilidad de mayores ganancias para los buitres. Una permuta de incumplimiento crediticio otorga un seguro frente a un incumplimiento, ya que paga en caso de que los bonos no paguen. Los CDS pueden producir ganancias sustanciales, independientemente de si los bonos son o no son reembolsados, reduciendo de esta manera el incentivo que tuviesen los titulares de los bonos para llegar a un acuerdo.
En el período previo al 30 de julio, los buitres llevaron a cabo una campaña para promover el miedo. Aseveraban que una segunda moratoria en 13 años sería un gran revés para la Argentina, ya que amenazaría a la frágil economía del país. Sin embargo, todo ello se basaba en la conjetura de que los mercados financieros no irían a distinguir entre una moratoria y una moratoria a la Griesa. Afortunadamente, los mercados sí hicieron la distinción: las tasas de interés para las diferentes categorías de préstamos a empresas argentinas no reaccionaron ante el suceso. De hecho, los costos de endeudamiento al 30 de julio fueron más bajos que el promedio para todo el año.
En última instancia, sin embargo, se pagará un precio alto por la moratoria a Griesa; el precio será menor para Argentina que el que tendrán que pagar la economía mundial y los países que necesiten acceso al financiamiento externo. EE.UU. sufrirá también. Como un observador señaló, quedó bien claro que Griesa nunca llegó a desentrañar la complejidad del tema. El sistema financiero de Estados Unidos, que ya ha ganado práctica en la explotación de los estadounidenses que viven en niveles de pobreza, ha ampliado sus esfuerzos, expandiéndolos a nivel mundial. Los prestatarios soberanos no van a confiar —y no deberían— en la imparcialidad y competencia del poder judicial de Estados Unidos. El mercado para la emisión de dichos bonos se trasladará a otro lugar.
* Premio Nobel de Economía 2001. Escrito con Martin Guzman, investigador posdoctoral en la Universidad de Columbia.
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