El que se llamaba antes Grupo Andino y hoy Comunidad Andina de Naciones (CAN), cada vez tiene menos relevancia política y comercial frente a acuerdos bilaterales, como los tratados de libre comercio. En medio de las profundas diferencias del modelo económico colombiano con el de Bolivia y el del Ecuador es un milagro que aún subsista la CAN.
Sin perjuicio de la realpolitik que con buen criterio ejerce el presidente Santos con los países vecinos, es indispensable y urgente que el Gobierno replantee el alcance de las instituciones de la CAN.
El caso del Tribunal de Justicia Andino es especialmente preocupante. Sus providencias son inapelables y de obligatorio cumplimiento en Colombia. Recientemente, ese tribunal dejó sin efecto una decisión del Consejo de Estado de Colombia y es bien sabido que algunos operadores públicos colombianos de telecomunicaciones tienen un inmenso poder de lobby en los órganos de la CAN, poder que estaría utilizándose en contra de los intereses patrimoniales de la Nación y de los consumidores colombianos.
Es urgente que el Gobierno replantee seriamente la conveniencia y oportunidad de resignar tanta soberanía en un organismo de cuyo rigor y seriedad no estamos muy bien apercibidos.
Entre de los temas en los cuales el Estado colombiano ha cedido injustificadamente sus potestades está el del origen de la programación nacional que deben presentar los operadores de televisión abierta existentes en los países miembros de la CAN.
Actualmente, y desde hace décadas, esos operadores en Colombia están obligados a presentar programas de producción nacional en los horarios de mayor audiencia. Esa obligación, que se conoce en el medio como cuota de pantalla, ha sido un magnífico instrumento para fomentar la industria de televisión colombiana, generar empleo y exportar nuestras producciones audiovisuales.
A partir de 2014 esa obligación desaparecería y, como si fuera poco, la Secretaría de la CAN recientemente propuso anticiparla. No se conoce cuál es el propósito de esa iniciativa que tanto daño le causaría a la televisión colombiana. El Gobierno debería oponerse con firmeza a esa propuesta y recuperar para siempre la capacidad de decidir autónomamente las obligaciones que deben cumplir los canales de televisión que operan en Colombia.