El llamado estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011), tan draconiano en muchos aspectos, es anodino en temas trascendentales, como el del lobby o cabildeo.
Apenas un artículo (el 61), el cual faculta a la autoridad competente para solicitar información, respecto de gestiones determinadas, “cuando exista al menos prueba sumaria de la comisión de un delito o de una falta disciplinaria”. Norma inútil, tal vez logro de un lobista.
El legislador en Colombia no quiso tomar el toro por los cachos, aunque es consciente, y así se evidencia en esa ley, que la actividad del lobby puede desbordarse al terreno de la corrupción. ¿Algún día este país expedirá una ley seria sobre el ejercicio del cabildeo? El tema es muy sensible, pues está ligado íntimamente a la financiación de las campañas políticas.
Como se sabe, en Estados Unidos la tarea de influir en los legisladores y funcionarios es una industria multimillonaria, reconocida, regulada e indispensable para el trámite de cualquier ley que interese a las grandes corporaciones. En procura de cierto nivel de trasparencia, los lobistas están obligados a registrarse públicamente como tales y a informar tanto a la Cámara como al Senado quiénes son sus clientes y los ingresos derivados de su actividad.
En Washington se encuentran reportadas más de 800 oficinas de lobby. Como es obvio, las más exitosas son aquellas manejadas por excongresistas o exfuncionarios; es decir, allá también lo que mejor funciona es la puerta giratoria. En el sector de telecomunicaciones es especialmente destacable que ninguna adquisición o integración hubiera sido posible sin el concurso de los más prestigiosos lobistas de Estados Unidos.
En la página sunlightfoundation.com se encuentran varios documentos de seguimiento ciudadano a la actividad del cabildeo en ese país, lo que en Colombia es imposible, pues aquí no tiene un reconocimiento formal, que debería tenerlo.
A propósito, en dos de los proyectos de ley de televisión que se presentaron hace pocas semanas, mucho se teme la mano invisible de intereses particulares. No se trataría simplemente de uno que otro “articulito” para hacerle un favor a alguien, sino de un rosario de normas adaptadas al plan de negocios de unos operadores en particular. Mal lobby.
@jcgomez_j