Según reciente publicación de Bloomberg Businessweek, desde el año 2007 el gobierno holandés opera en internet la plataforma Rechtwijzer (hoja de ruta a la justicia), que les permite a las parejas en trámite de divorcio romper su vínculo y llegar a un acuerdo sin tener que acudir a los jueces. Con el pago previo de cien euros, se accede a esa plataforma que, mediante un algoritmo, busca puntos de acuerdo y con base en ello lograr una conciliación.
En Inglaterra y Canadá también se utiliza internet para resolver ciertos conflictos, como los de arrendamiento y vecindad. No es que se vaya a sustituir a los abogados o al sistema judicial con un algoritmo, pero bienvenidas sean las herramientas que permitan arreglar directamente todo lo que se pueda solucionar sin fricciones a través de internet.
Tal como sucedió en el caso del servicio de taxi, internet permite que cambie la forma de satisfacer las necesidades públicas, y para la administración pública va a ser cada vez más difícil evitarlo. En Colombia, el problema de Uber les quedó grande a los funcionarios. En medio de su incompetencia, en contra de la libertad de contratar, optaron por proteger el sistema feudal de privilegios que impera en el servicio de taxi —barato, peligroso y malo—, sin hacer nada para mejorarlo. Es la paradoja del servicio público: el Estado no controla ni vigila efectivamente a quienes lo prestan, pero hay que utilizarlo, aunque sea lo peor.
Por más defectos que tenga Uber y los atajos que utilizó para establecerse y funcionar en Colombia —como mimetizarse en los carros blancos—, no se le puede bloquear, como lo solicitan atolondradamente algunos funcionarios públicos cediendo ante el chantaje de los empresarios del trasporte amarillo.
El caso de Uber es un ejemplo de cómo la tecnología y las nuevas relaciones económicas y sociales superan al Estado, a sus instituciones y a tantas formas de control inútiles y anacrónicas. Es explicable que muchos políticos le teman tanto a esa nueva realidad: el mundo puede funcionar bien sin que se metan y los ciudadanos se las pueden arreglar entre ellos sin su intervención. Ya no seremos más su clientela, como en las épocas del Imperio romano.
@jcgomez_j