La reciente decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, que somete a internet a un régimen más intenso de regulación estatal, es un capítulo más de una guerra que aún está lejos de declarar a un ganador.
Los bandos están bien definidos. Por un lado concurren el Partido Demócrata, organizaciones de usuarios, emprendedores de aplicaciones y gigantes de la provisión de contenidos, como Google y Facebook. Ellos propugnan por la “neutralidad de red”: una internet abierta que no bloquee, ni discrimine, ni privilegie contenidos, todo lo cual supone un alto grado de intervención del Estado.
En la otra orilla se encuentran el Partido Republicano y los grandes operadores de telecomunicaciones y de televisión por cable —grandes donantes en las campañas políticas—, quienes consideran que la política de “neutralidad de red” y la injerencia estatal en internet desincentivan la inversión y la innovación, lo cual, según ellos, al final del día perjudica a los consumidores.
Más allá del componente ideológico y de la creciente pugnacidad entre el presidente Obama y la oposición republicana, en ese país existe un altísimo grado de concentración en la provisión de internet de alta velocidad. En muchas ciudades sólo existe un proveedor, casi siempre el mismo que ofrece el servicio de televisión por suscripción, lo cual le da un inmenso poder dominante.
En este escenario, la reciente decisión de la FCC va dirigida —además de a hacer cumplir el principio de “neutralidad de red”— a generar más competencia y estimular alternativas de servicio, como las que están emprendiendo algunas ciudades, cuyas municipalidades despliegan infraestructura pública para proveer, mediante subsidios, internet de alta velocidad.
Vale la pena estudiar el caso de Holanda, en donde hace dos años se implementó exitosamente un modelo de “neutralidad de red” sin desincentivar la inversión.
En Colombia, a pesar de los indiscutibles logros en materia de penetración de internet móvil, subsisten serios problemas de competencia y de abuso de posición dominante (como en las ofertas triple play) y una deplorable relación precio-calidad, principalmente en el acceso fijo. Estos vicios tienen graves efectos en el derecho a comunicarse y en la productividad, y nos sitúan bastante lejos de la sociedad de la información.