Cuentan que un superintendente de ingrata recordación multó de manera draconiana a un expendio multinacional de panecillos y rosquillas porque al engreído funcionario no le gustó el aviso con el que allí se anunciaba una promoción (del estilo, pague 3 y lleve 5).
El anterior es un ejemplo de lo que en términos generales ha sucedido con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la autoridad de competencia en Colombia. Salvo algunas excepciones, la SIC ha hecho más ruido que nueces. Muchas situaciones críticas de competencia y de protección al consumidor en nuestro país siguen sin resolverse de manera estructural, a pesar de que esa entidad —como ninguna otra en el contexto mundial— tiene en esas materias amplísimas facultades, tanto de policía, como de juez.
Una de las tareas pendientes es la de la telefonía celular. La SIC a fuerza de multas y requerimientos aún no logra controlar efectivamente las conductas indebidas de los operadores. Precisamente, esa falta de resultados tiene actualmente en graves problemas el sector de las telecomunicaciones.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) declaró a la empresa Claro (antes Comcel) como operador dominante, una condición que en sí misma no es ilícita, pero que le permite a esa autoridad imponerle ciertas obligaciones y restricciones encaminadas a asegurar y promover la competencia y el bienestar de los consumidores.
Las correspondientes medidas no se han podido expedir porque desde diciembre del año pasado Claro cuestionó ante la Procuraduría al director de la CRC debido a que, antes de ese cargo, estuvo vinculado a otro operador de telecomunicaciones.
El asunto rodó de despacho en despacho. Un peloteo inaudito que habla muy mal de la aplicación del derecho como instrumento de protección de los ciudadanos. Finalmente la semana pasada el procurador general de la Nación decidió separar al funcionario de la decisión correspondiente y le solicitó al presidente de la República designar a un funcionario ad hoc. Esperemos que así suceda pronto.
Claro, afirma que “lo que es bueno para Claro, es bueno para 34 millones de colombianos”. El Estado colombiano está en la obligación de verificarlo. Ojalá de manera oportuna, pues están en juego el interés publico y cientos de miles de millones de pesos.