El próximo sábado 6 de septiembre entrará a regir la Ley 1712, de Trasparencia, la cual regula el derecho de acceso a la información pública.
La verdad, esta nueva norma no trae muchas novedades y le faltan dientes. En todo caso tiene la virtud de declarar principios que, de llegar a aplicarse efectivamente, elevarían de manera sustancial la decencia en el ejercicio del poder público. También hay que celebrar que se dignifique la labor de archivo como fuente de la historia, para beneficio de las próximas generaciones.
Esta ley hubiera sido una buena oportunidad para que se redujeran los plazos tan amplios que tienen hoy las autoridades —por ejemplo— para suministrar una certificación o la copia de un documento que repose en sus archivos. No se justifica que en plena era digital, para ese efecto, las entidades públicas se tomen ¡diez días hábiles!
La nueva ley le otorga a la Procuraduría General de la Nación la función de velar por el adecuado cumplimiento de sus disposiciones y le ordena que dentro de los próximos seis meses establezca una metodología para su observancia. Esperemos que la pugnacidad existente entre esta entidad de control y algunos sectores de la opinión pública no convierta el ejercicio de esa función en otra inútil escaramuza ideológica.
La ley que comentamos tiene el carácter de estatutaria y, como tal, tuvo un largo trámite, incluido su paso por la Corte Constitucional. Además se promulgó hace seis meses. No existe razón, pues, para que el sábado a primera hora los sujetos obligados no tengan ya en su página web toda la información que deben desplegar en ese medio.
Me temo que en la mayoría de los casos no se acatará ese plazo, lamentablemente. La implementación de esta ley requiere recursos y capacitación, lo cual no habrán logrado a estas alturas muchas de las entidades sometidas a su mandato.
Es una paradoja: los estados de dientes para afuera proclaman trasparencia y dicen querer ser como una pecera; sin embargo, en el ejercicio del poder muchos gobiernos se las arreglan in péctore para legitimar el sigilo y el ocultamiento, supuestamente, para defender la democracia.
@jcgomez_j