La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es tal vez la entidad más poderosa de la administración pública en Colombia: es autoridad en asuntos como competencia, protección al consumidor, habeas data y propiedad industrial; además, cuenta con facultades jurisdiccionales y la potestad de imponer multas, que pueden llegar a los cientos de miles de millones de pesos.
No contenta con tanto, la SIC aprovechó las normas del estado de emergencia para modificar normas superiores. A propósito de la pandemia, el Gobierno adoptó medidas para garantizar los derechos de los usuarios de la justicia. Así, dispuso la suspensión de los términos de prescripción y caducidad para demandar ante las autoridades jurisdiccionales, desde el 16 de marzo hasta cuando el Consejo Superior de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales.
Dicha medida está establecida para aliviar a los atribulados usuarios de la justicia. Sin embargo, la SIC, en la Resolución 16978 del 15 de abril de 2020, dispuso arbitrariamente que esa suspensión de términos incluye también los de caducidad para sancionar. Queda claro, pues, que la SIC está esperando a las empresas que sobrevivan a esta catástrofe para sancionarlas y blandir contra ellas su garrote.
El anuncio de la SIC con respecto a la actuación administrativa que inició de oficio en contra de Zoom Video Communications Inc. es un buen ejemplo de cómo el Estado colombiano se desgasta, mientras ignora o mira para otro lado frente a situaciones realmente trascendentes.
Sí, se ha oído que Zoom puede tener problemas de seguridad, lo mismo que plataformas como Houseparty, que se pusieron de moda con el COVID-19. Ante las advertencias aparecidas en los medios de comunicación, muchos decidimos de manera autónoma no utilizarlas. No fue necesaria la protección tierna y paternal de ninguna autoridad.
En 1986 James Buchanan recibió el Premio Nobel de economía, entre otras razones por sus planteamientos en el sentido de que a los políticos y a los funcionarios públicos —como al resto de los mortales— no los mueve el interés público, sino su vanidad, el mesianismo, ser reelectos o tener más poder. Tal vez Buchanan tenía razón, como Maquiavelo en el siglo XVI.
@jcgomez_j