Desde su nacimiento en Colombia y hasta la Constitución de 1991, la televisión formaba parte de las dádivas que repartía el Presidente de la República.
En ese período, un par de leyes trataron de atenuar la directa injerencia presidencial en el medio, pero la verdad es que el gobierno fue el amo y señor de la televisión en esos años.
Hoy en día, la regulación de la televisión está en cabeza de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), que se supone es un órgano independiente del gobierno y en el que el Presidente apenas nombra a tres de los cinco miembros de su junta directiva. Sin embargo, la intervención del gobierno en la entidad sigue siendo decisiva y determinante, más allá de lo que debería ser.
Aunque tirios y troyanos culpen a los actuales operadores o a los ex aspirantes a la concesión del tercer canal, la verdad es que la única responsable de que después de tres años no se haya resuelto el tema de la respectiva licitación es la CNTV. Miles de millones de pesos malgastados en bancas de inversión, decenas de asesores, kilométricos conceptos y aún hoy el proceso navega en un azaroso mar de aguas cada vez más viscosas.
Lamentablemente, el presidente Uribe no cumplió su promesa de desaparecer la CNTV, y creo que ya nunca será posible. Es urgente entonces una reforma legal que le quite a la entidad el poder de gastar el presupuesto a su antojo y sin consideración por las verdaderas necesidades de un país en desarrollo. Por disciplina fiscal y por transparencia, hay que evitar que la feria de contratos y subsidios alimente el caudal electoral que les permite a los miembros que no nombra el gobierno llegar a la junta directiva.
El gran nivel y el excelente perfil de las personas cuyo nombramiento anunció el presidente Santos para ocupar sus ministerios permite abrigar la esperanza de que los representantes que designará en la CNTV le den por fin a esta entidad el nivel que se merece la industria, por el bien del desarrollo del sector, del pluralismo y de la libertad de información.