Llega bien la nueva directora de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), la abogada Ángela Mora Soto.
En entrevista que publicó este diario la semana pasada, además de acertar en su visión de la problemática del sector, la funcionaria reconoce la percepción que la gente tiene de esa entidad: según ella “la ANTV es invisible”.
No es simplemente un asunto de imagen. La verdad es que los tres largos años de historia de la ANTV han sido bastante desafortunados. No tanto por lo que ha hecho la entidad —que es poco— o lo que ha dejado de hacer —que es bastante—, sino por la debilidad institucional congénita, gracias a la ley que le dio vida y a la ausencia de una política sobre la industria de la televisión en Colombia, precisamente en el momento más crítico de su historia.
La ANTV debe ir más allá de simplemente recaudar más plata de los operadores de televisión para destinarla a fines de dudosa rentabilidad social. Ojalá la Junta Nacional de Televisión (JNTV) permita que se realicen las buenas intenciones de la nueva directora.
En esa entrevista la nueva funcionaria anuncia que a finales del año se presentaría un proyecto de ley para definir la política pública de televisión. Esa ley debería lograr varios objetivos: delimitar claramente las competencias entre la ANTV y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, solucionar la ambivalencia del Gobierno frente a la ANTV, remediar la heterogeneidad e incompetencia de la mayoría de los miembros de la JNTV y reiterar que la finalidad del esquema de concesión de espacios del Canal Uno es el pluralismo informativo y no la rentabilidad de quienes quieren convertirlo —por la puerta de atrás— en el tercer canal.
A propósito: en la ANTV está en curso un proceso licitatorio para contratar por poco más de un año la interventoría a los contratos de concesión del servicio de televisión en sus diversas modalidades. Su monto supera los $11.000 millones, al parecer habría un único proponente y la adenda a los pliegos de condiciones le mejoraría enormemente la rentabilidad al futuro contratista, pues injustificadamente le alivia sus obligaciones. Hay varias dudas y quejas. Este proceso no puede ser —también— invisible.