“Es la verdad monda y lironda: en Colombia la prensa en todas sus formas se ha convertido en fiscal y juez”.
Esa realidad expresada sabiamente por el profesor Bernardo Gaitán en 1995, hoy en día se amplifica más, gracias a las redes sociales. Los nuevos medios se suman a los tradicionales para ser eco de la indignación social frente a desgracias como el accidente de tránsito que habría causado el joven Salamanca en estado de embriaguez y en el que fallecieron dos personas. Pero la indignación social no puede confundirse con la justicia que les corresponde impartir a los jueces.
Es admirable la seriedad con la cual la jueza de garantías del mencionado caso explicó al público su decisión de no imponerle al imputado la detención como medida de aseguramiento, a pesar de la agobiante presión de muchos medios. En entrevista con Blu Radio esa funcionaria, en una breve pero contundente lección de derecho, explicó el sentido de su decisión y del respeto a las garantías procesales. Esa lección la deberían aprender aquellos que agitan con amarillismo a la opinión pública, como se hacia con las hordas en las épocas bárbaras.
Ante la tragedia a la que nos referimos se plantean reformas al Código Penal inspiradas en la legislación extranjera. Está bien mirar a otras latitudes también para observar que en las sociedades civilizadas no se utilizan como taxis vehículos con las características de los que prestan ese servicio público en Colombia.
Los taxis en este país son un arma mortal. La fragilidad de su estructura, la ausencia absoluta de accesorios que protejan la integridad física de sus ocupantes, el mínimo espacio interior y el baúl ocupado por un tanque de gas, hacen que, aun un impacto leve, pueda terminar en tragedia. ¿Cuántos muertos e inválidos más se necesitan para que las autoridades reaccionen?
Existen normas que obligan a reemplazar el tipo de esos vehículos por uno apropiado para el servicio que prestan. Nunca se han cumplido. Al parecer el interés público resulta arrollado por el poder de bloqueo que ejercen los dueños de las empresas de taxi y el lucro indebido de importadores y ensambladoras que venden mucho, barato y malo.