El sector de telecomunicaciones está a la espera de conocer el nombre de la persona que designará el presidente Santos como ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Ojalá, tal como ha sucedido con casi todos los nombramientos ya anunciados, se escoja a alguien de altísimo nivel y experiencia.
Históricamente, en medio de los malabares de la gobernabilidad, en la conformación del gabinete este Ministerio casi siempre ha servido de comodín para cumplir la cuota femenina o de provincia que debe pagar todo nuevo mandatario. Qué bueno sería que fuera una dama quien ocupara ese Ministerio o alguien de nuestra pujante provincia.
Lo que no puede suceder es que quien llegue sea un bisoño; la coyuntura del sector no lo merecería y se le causaría un gran daño a una industria que debe ser un salvavidas en la calamitosa situación de desempleo que vive el país.
Los retos son inmensos. Por ejemplo, desde el mismo 8 de agosto el nuevo ministro —o ministra— tendrá que tomar medidas severas e inmediatas para enderezar tantos entuertos en el manejo de la televisión. Está también pendiente avanzar mucho más en la reglamentación de la Ley 1341. Un año después de su expedición es urgente la concreción del mundo feliz que prometió esa ley.
Es recomendable que ya no se otorgue la licitación del satélite colombiano. Por razones de diversa índole el Gobierno que termina no alcanzó a hacerlo dentro de un plazo razonable. Resolver esa licitación en el ocaso implicaría amarrar la ejecución de las políticas que quiera implementar el nuevo gobierno. Debe estar advertido el nuevo ministro —o ministra— acerca de que con la compra de ese satélite se comprometerán por muchos años casi todos los recursos de inversión en telecomunicaciones sociales.
El presidente Uribe se ufanó siempre de que los cuatro “punticos” del IVA adicional que se le imponen a la telefonía celular se hayan invertido en escenarios deportivos, aunque eso encarezca el servicio. Esperemos que el nuevo gobierno impida que los usuarios sigamos siendo vacas lecheras obligadas a pagar más caro por una prestación que no es suntuaria y es indispensable para la vida misma.