Internet, las redes sociales, las terminales inteligentes y la infinidad de aplicaciones que se lanzan cada día, tienden a convertir las comunicaciones privadas en una especie de cartelera virtual de alcance global en la que ya no existe intimidad ni respeto.
La inviolabilidad de esas comunicaciones, que pregona el artículo 15 de la Constitución Política como un derecho fundamental, se erosiona poco a poco; muchas veces son sus propios titulares los que renuncian a ese derecho de manera consciente o por simple ligereza. Nótese nada más la facilidad con la que los usuarios revelan su ubicación geográfica a través de sus terminales móviles. Los padres no saben dónde están sus hijos en este momento, pero Google sí.
Aparte de la patológica propensión que tienen algunos seres humanos al exhibicionismo o voyeurismo informático, con lo cual autodestruyen su derecho a la intimidad, los Estados, cada vez más y en casi todas partes del mundo, alegan insalvables razones de seguridad para husmear y requisar el ciberespacio.
Dentro del proceso penal por espionaje que se adelanta en Estados Unidos contra Julian Assange por las filtraciones en Wikileaks, el juez le solicitó a Twitter una gran cantidad de información personal y comercial acerca de ciudadanos europeos vinculados con esa organización. La solicitud despertó airadas protestas en Europa frente al alcance trasnacional que pueda tener la jurisdicción estadounidense debido a que, generalmente, allí se encuentran situados los servidores de los proveedores de aplicaciones y contenidos de utilización global.
En medio de esas protestas debe resaltarse que son los propios usuarios quienes aceptan —a través de cláusulas de letra menuda que casi nadie lee—, no sólo el sometimiento a esa jurisdicción, sino la disponibilidad de la información. De esta forma, por ejemplo, los datos de los 500 millones de amigos de Facebook pueden estar al alcance de un juez en California o ser explotados comercialmente por terceros.
Seguramente los sucesos recientes van a generar una apasionada e interesante discusión entre las autoridades de la Unión Europea y las de los Estados Unidos. No sólo está en juego el derecho humano a la intimidad, sino la confiabilidad misma en el correo electrónico, en “los datos en la nube” (cloud computing) y en las redes sociales. La web puede ser también una pecera.