La semana pasada el Centro Democrático presentó un proyecto de ley para el sector de televisión.
Los demás partidos políticos deben estar muy atentos: no pueden convertirse en ley los artículos de ese proyecto que coartan la libertad de información, desprotegen a los actores y productores nacionales y facultan a la ANTV para dictar normas que sólo puede expedir el Congreso de la República. La actual legislación de televisión en Colombia es caótica y la industria enfrenta la crisis más grave de su historia, por eso no puede resultar peor el remedio que la enfermedad. Es deber del Estado garantizar una televisión de servicio público, para lo cual es indispensable un operador público con fortaleza técnica y solidez financiera. Sin embargo, sin siquiera justificarlo en la exposición de motivos, el artículo 38 del proyecto de ley prevé entregar en concesión la red pública de televisión —y, de paso, también la de radio—. Esto conllevaría la desaparición de RTVC y permitiría que una empresa privada —a cambio de una bicoca— se aproveche de los cientos de miles de millones de pesos que se han invertido en la red pública durante más de 60 años. Por lo demás, y para utilizar términos viales, el proyecto en muchos aspectos es un “reparcheo” y no una autopista de cuarta generación. Lo que se requiere es una ley moderna y audaz que —en vez de atiborrar con más funciones a la CRC— ofrezca herramientas para enfrentar la realidad de que, como en otros países, los operadores de las redes alámbricas de internet —con su inconmensurable poder de dominio— controlarán a su antojo la industria audiovisual, como lo pueden hacer con los periódicos, la música y los libros. El proyecto también tiene serias grietas jurídicas, pues desconoce aspectos esenciales de la jurisprudencia constitucional y administrativa en materia de televisión y deroga la legislación existente, sin reparar en los efectos que ello conllevaría. Es indispensable crear consenso para acometer por fin la tarea de adecuar el marco normativo de la televisión al entorno de las telecomunicaciones, sin violar la Constitución Política. Está en riesgo el pluralismo informativo y, por el camino que vamos, en pocos años no habrá producción colombiana de televisión. @jcgomez_j