El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, observa desde su oficina blindada el caos de la destrucción con los brazos cruzados. Los audios de un narcotraficante y testaferro evidenciando su hermandad con el poder y la compra de votos para la elección de Iván Duque circulan y se difunden al mismo ritmo del escándalo. Pero los audios estaban en los despachos de la Fiscalía entre el arrume del desprecio hace un buen tiempo, y Barbosa llegó con la fidelidad del agradecimiento a una amistad de infancia y de tesón por los años más puros.
Ante la investigación de los periodistas independientes Gonzalo Guillén y Julián Martínez, la Fiscalía se ha pronunciado bajo presión y ha compulsado copias por el caso, una artimaña mediática que responde solo al contexto para calmar las exigencias de acción, sin posibilidades lógicas de resultados. El fiscal atenderá, a puerta cerrada y con lealtad, las peticiones del Gobierno para manejar el ruido y el avance del shock que los tendrá en el centro del escándalo por largo tiempo. Barbosa dirigirá las prioridades con la misma rigurosidad de su antecesor, el oscuro Martínez Neira, y los no aforados tendrán la confianza y la tranquilidad de una institución que funciona ahora para apagar y contener incendios. Pero el escándalo es más grave que todos los intentos del silencio: un presidente que ruge con furia y descontrol contra el narcotráfico de las bandas criminales y los cultivos ilícitos no puede ahora hablar con legitimidad ni autoridad moral si ha llegado al poder con los impulsos de la mafia, y el fiscal general no puede señalar con la imponencia de su institución a los implicados en enriquecimiento ilícito si existen en su despacho 20.000 audios que acusan a su mentor de haber sido elegido entre dineros de la misma escoria. La tranquilidad la van perdiendo en la medida del desborde del escándalo y en la ausencia de control de los audios que no podrían desaparecer ni editar. Eso los hace frágiles ahora que el periodismo independiente hace su trabajo sin la vigilancia y contención de los medios comunes, que saben dirigir y anular titulares a su gusto y engavetar información definitiva para el curso inevitable de una condena. Su temor es que los audios aparezcan con evidencias irrefutables y no les quede más que el recurso conocido de los caídos en flagrancia: negar su propia voz y su propia imagen aduciendo montajes de altos profesionales de la edición. Por eso han acudido a medidas desesperadas para acusar al periodismo independiente de estar financiado por la izquierda radical en una guerra perfectamente orquestada para eliminarlos, una artimaña tan usada en tiempos de miedo y desesperación que les resulta ineficaz ante las grandes audiencias que empiezan a cotejar información entre distintas fuentes.
Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral hace dilaciones convenientes y maromas leguleyas para impedir una catástrofe, y el fiscal general sigue observando con brazos cruzados la autodestrucción de un partido que le encomendó su suerte, aunque se caiga el mundo y sus tormentas sobre todos sus nombres.