En la mañana del último día del año, mientras Iván Duque preparaba el discurso exitista de su gran gestión, un grupo de 300 paramilitares arribó a Bojayá con listados mortuorios. Lo habían denunciado ya los campesinos de la región y la comisión intereclesial el pasado 24 de diciembre ante el gobierno nacional con un silencio solemne de respuesta.
Hasta hoy, cuando el país empieza el año intentando respirar de las noticias macabras y alternas, no existe un pronunciamiento a la altura de la gravedad del asunto. Como si el deseo fuera retornar al símbolo de la guerra y al epicentro de las víctimas de esta historia de abatidos, han vuelto los grupos armados sin que el Estado mueva una sola de sus máquinas burocráticas para evitarlo. No les interesa. Como nunca les interesó la historia y el hundimiento en sangre de las regiones que no les representa botines significativos o prebendas cuantiosas. La noticia se hizo espuma por la sensibilidad de su representación y las poderosas consecuencias de un posible retorno al conflicto en la región que votó por la reconciliaciación después de haber sufrido el mayor de sus exterminios. El silencio y la desidia del gobierno es un insulto revictimizante con las víctimas y una postura autodestructiva justo en el momento en que la comunicad internacional ha puesto de nuevo los focos principales a su gestión por el proceso que siguen queriendo destruir a toda costa, contra la implementación legal y los mandatos de la Corte Suprema que los ha obligado a cumplir con los protocolos básicos. Intentarán minimizar el escándalo con reportes y una presencia fugaz del ejército en la zona para que todo parezca normalizado y atendido por las altas eficacia del Estado y por la competencia de las fuerzas del orden que nunca están en los años del cultivo de todos los monstruos en las zonas sin ley.
Podría decirse una vez más que todo sucede y se debe a ese cacareado argumento de la ausencia estatal, esa respuesta ya preparada que explica todos los males endémicos y los dramas en Colombia, pero no puede pretender explicar ahora nadie ante la comunidad internacional que después de todos las inversiones económicas en el proceso de Paz y después de las verificaciones ONU y las mínimas obviedades de un posconflicto, no se haya previsto aquí una estrategia por lo menos vulgar de seguridad en las regiones que tuvieron los más grandes desastres y tendrían altos índices de repetición. La mínima decencia les obligaría a maquillar las zonas más sensibles y las coordenadas más frágiles, por su propio bien y su propia imagen, pero tampoco lo hicieron ni lo hacen, y siguen haciendo caso omiso y silencio justo ahora que los grupos armados siguen recorriendo las veredas en las noches con listados en mano para preparar la próxima masacre que el país verá de nuevo desde un sofá con el mismo aletargamiento de los habituados. El retorno de la violencia a ese símbolo de las victimas puede significar la oficialidad de una nueva guerra que ha vuelto sobre sus viejos territorios para demostrar que todo puede continuar aquí contra todos los aparatos del poder y contra todas las posibilidades y los miedos