26 años después del asesinato de Carlos Pizarro, el mismo tiempo en que se conmemora su desmovilización y su pacto pacífico con el Estado, Colombia vuelve a la misma coyuntura repetida y repetida por los fallidos intentos de paz y por las traiciones del Estado a los mismos.
Sin importarle la sangre que corriera después de un magnicidio, la mano oscura conocida públicamente pero hasta hoy imposible de nombrar desde los aparatos de justicia, por omisión y complicidad, siguió acribillando opositores ideológicos desarmados, sobre papeles de constitución y frente a todas las fuerzas y el espanto.
La mano negra conocida y libre lo había hecho antes, insistentemente, en una voracidad criminal que borró del país un partido entero, en un magnicidio hasta hoy tomado como un evento común y trivial por la historia nacional.
De frente y sin temblor, se borró de un tajo y a horas comunes, en autopistas capitalinas, en aeropuertos, en tarimas públicas o en plenos vuelos de aviones comerciales, a Bernardo Jaramillo, a Jaime Pardo, a Manuel Cepeda, a 70 concejales, a 8 congresistas, a 4000 militantes más, y a los alternos desmovilizados del proceso de paz con el M19 que estaban ya en la vida civil confiando en la garantías de los procesos estatales sobre los excesos y los errores históricos de todos los bandos, en coyunturas aceptadas como conflictos bélicos con estatus político.
Ya sabemos hoy, 26 años después del magnicidio de un candidato presidencial con ideas odiadas por el statu quo, de la existencia flagrante de las fuerzas paramilitares frenteras que nunca habían entregado las armas en la práctica, y que estaban esperando cualquier indicio de giro político y social para arreciar de nuevo con sus barridos, y sabemos también de la existencia de los representantes estatales que, conociendo los inicios históricos de este río de sangre, se niegan a aceptar la restitución de tierras a sus legítimos dueños, defendiendo en bloque los mismos intereses que defiende el pragmatismo paramilitar.
Esa es la razón crucial de la dilatación del proceso de paz que finaliza su negociación. Las Farc acuden a la historia para negarse a entregar las armas sin que el Estado desmovilice sus manos negras y sin que los otros monstruos alternos de la monstruosidad histórica de la violencia desarmen sus intenciones de confrontación, y El Estado, también con razón, acude a la sospecha contra una guerrilla que vendió sus bloques como franquicias al narcotráfico y al crimen, se niega a firmar si las armas continúan en su poder después de un reconocimiento civil. Esos son los dilemas inefables de un conflicto extendido en el tiempo por terquedad y arribismo. Y aunque Las Farc se hayan comportado como todas unas divas de espectáculo, negándose a reconocer su poderío económico para resarcir a sus también incontables víctimas, el Estado, siendo el sujeto histórico del poder, se comportó como una fuerza criminal negada a aceptar toda aparición extraña de giros sociales, y en esa responsabilidad política y oficial de ser el autor de apertura de este nudo de sangre y mierda sin opciones próximas de reconciliación real, tiene la más alta de las culpas, y sobre él debe caer toda la presión coyuntural para que no vuelva a repetirse otro exterminio.