Cayó el viceministro Ferro el día anterior a la caída del todopoderoso general Palomino, quien cayó el mismo día que renunció la lanzadora de bombas mediáticas sin matiz y sin contextos, Vicky Dávila.
Ya sabíamos que en el país de los escándalos superados solo por otros aún más inconcebibles, el espanto nunca ha sido una sensación extraña, y ya sabíamos, también, que la corrupción y el desmadre de las instituciones centrales del país han sido insostenibles desde que la patológica cultura del narcotráfico y del arribismo infiltró los principios y las médulas con el dinero sonante para prostituir conciencias, amedrentar verdades o callarlas con tiros, con pantomimas judiciales o destituciones fulminantes sin opción a la réplica y a la honra.
Aunque nada ha sido investigado aún hasta una conclusión concreta, y aunque tampoco se perciba en el aire la intención evidente de hacerlo, (la intención y el escándalo provienen de largos años atrás, con muertos y destituciones extrañas) la sensación de turbiedad y de descrédito llegaron hasta el punto que la renuncia se hizo obligatoria para evitar una sensación creciente de desmoronamiento institucional. Es lo que suele conocerse, cuando un escándalo envuelve un alto cargo del poder, como una decisión con responsabilidad política, aunque no existan suelos jurídicos que manchen directamente un nombre.
Ningún jefe supremo de una institución que trabaje para salvaguardar la seguridad nacional puede continuar en su cargo si existen raras destituciones injustificadas en cargos internos por comentar los casos oscuros que resuenan en el viento, no puede continuar si la seguridad misma no se ve sustentada en su jerarquía de poder por vendettas crecientes y sensaciones generales de sospecha, y no puede seguir, presumiendo un estatus de credibilidad incuestionable, si existen serios indicios de enriquecimiento infundado. La responsabilidad política obliga éticamente al denunciado a separarse del poder para salvaguardar la institución, aunque esté desbaratada, y hasta que se demuestre lo contrario.
Todo iba en responsabilidades políticas por tomar, hasta que el circo hizo de las orientaciones sexuales el centro del espectáculo en pleno centro mundial del morbo, donde los temas serios pueden tornarse de repente un chiste vulgar si un medio masivo atina en el clavo y lanza la comidilla de los buitres. Y por buitres nos entendemos todos, por supuesto, los que abrimos el video de una conversación privada con alto calibre sexual sin que se percibiera en ella un solo argumento a favor de la existencia de la nombrada Comunidad del Anillo, y lo seguimos viendo hasta el final, aunque sospecháramos progresivamente que la dimensión y la intención del escarnio público no era exclusivamente judicial, sino la humillación de un senador en su hora de la desgracia.
Entonces cae Vicky Dávila. Entendió, o le hicieron entender, su responsabilidad política al publicar un material destructor sin necesidad y sin argumentos informativos en un país con altos niveles de fragilidad estructural para entender más allá de lo mórbido.
Y aunque todo parezca terminar aquí, con las cabezas rodantes de los protagonistas centrales del espectáculo, sigue incólume y erguido allí, como lo ha estado siempre, el impoluto procurador Alejandro Ordóñez, quien ha debido renunciar también por responsabilidad política al dejarse reelegir conscientemente en una terna de dos, y al convertir un ente disciplinario en la sede adjunta del Opus Dei. Es quien tendrá desde ahora el trabajo de investigar un caso serio, con su seria tendencia a juzgar la realidad desde una óptica moral que no lo permite entender aún que un homosexual no es un criminal por antonomasia, y que los delitos también se cometen en el mundo real por los humanos que considera normales, y por instituciones que le han podido ayudar a atornillarse en el trono de los tronos.