La semana pasada este periódico publicó la carta de un lector que respondía a mi columna de hace 15 días (“¿La familia según quién?”) y se quejaba de que El Espectador se hubiera convertido en un nido de “librepensadores”.
Sus argumentos no me sorprendieron; me sorprendió, sí, la forma que tomaron. Tras años de leer las columnas de El Espectador me he acostumbrado a que las reacciones sean, con pocas excepciones, las que son visibles en los foros: el escupitajo con seudónimo, el ataque barato, el insulto de quien tiene una deuda que cobrarse. Y he aquí alguien (su nombre es Felipe Cárdenas Támara y es profesor universitario) que no sólo expone sus argumentos en párrafos razonados y decentes, sino que firma con nombre y apellido. Y mal haría yo en quejarme de la ausencia de debate civilizado y no contestar a un documento semejante.
Dice el señor Cárdenas que yo condeno a los sacerdotes al silencio en materia de opinión sobre la familia. Si el señor Cárdenas vuelve a leer la columna, esta vez fijándose más en las frases y menos en su propia indignación, notará que eso es falso: lo que rechazo no es la opinión de un individuo, sino el intento de una mayoría religiosa de imponer sus creencias a los demás mediante la legislación o el ministerio público. ¿Finge el señor Cárdenas que las autoridades eclesiásticas del país no han visitado recientemente a las autoridades civiles con el objeto de hacer proselitismo? ¿Finge que es lo mismo una opinión personal, aun expresada en un púlpito, que la utilización del poder civil para convertir sus convicciones católicas en ley de un Estado laico?
Ahora bien: la aparente analogía que plantea luego el señor Cárdenas es una trampa retórica y, además, un argumento tan perezoso que rebaja el nivel de su carta. Dice el señor Cárdenas que, si se siguiera la lógica de mi argumento, “no se podría hablar de pobreza sin ser pobre, de guerrilla sin ser guerrillero, de delincuencia sin ser criminal”. El verbo que utiliza es deliberadamente vago: el señor Cárdenas finge creer que es lo mismo hablar de algo que tratar de imponer una creencia a través de la ley. Pero pasemos esto por alto y digamos una obviedad: se puede hablar de delincuencia sin ser criminal porque la sociedad se ha puesto de acuerdo moralmente sobre este tema y todos consideramos (eso se llama contrato social) que el crimen no es aceptable. ¿Está diciendo el señor Cárdenas que el asesinato y el robo tienen el mismo contenido moral que la adopción de un niño por parte de un homosexual? ¿O que esta adopción es tan socialmente lamentable como la pobreza? Si así fuera, desde luego, eso explicaría muchas cosas.
Hace unos días un amigo católico me preguntó qué razones puede haber para permitirles la adopción a los homosexuales. Tuve que señalarle que en una sociedad abierta no se necesitan razones para permitir las cosas: se necesitan razones para prohibirlas. A mí, que no soy parte interesada, no me daña el que mi sociedad permita a una pareja como Ana y Verónica adoptar a una niña. Lo que sí se ve afectado es una idea de familia, y por eso hay que seguir debatiendo. Pero cuando el final del debate es una legislación, no todas las perspectivas valen lo mismo. La suya, señor Cárdenas, vale más que la de José Vicente Córdoba. Aunque a usted no le guste.