ESTAMOS ANTE LA INMINENCIA DE repetir la reciente catástrofe social y económica, generada por la sociedad colombiana y asociada al errático uso del territorio y a la destrucción de nuestros ecosistemas naturales, fenómeno que se expresa cuando aparecen las lluvias.
El pasado 7 de diciembre el gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia económica, social y ecológica. Esto sirvió para asignar recursos financieros, contratar créditos internacionales y se señalaron las CAR como responsables de la emergencia. Quizá todo lo anterior era necesario, pero lo que definitivamente no fue acertado, fue asociar la catástrofe de manera unilateral a un fenómeno natural extremo, sin señalar la gran responsabilidad del Estado colombiano, del sector productivo y de la ciudadanía, quienes sin criterio ambiental destruimos o transformamos el medio natural generando negativos impactos económicos y sociales. Esto no se supera con un decreto y medidas de corto plazo, es necesario un verdadero cambio de actitud, tanto en las instituciones como en el ciudadano y debe iniciarse con un cambio drástico en la gestión de las instituciones del orden nacional. Es una transformación profunda que requiere del liderazgo del Gobierno nacional, que debe emitir señales claras para que entre todos planifiquemos y realicemos una mejor interacción con nuestros espacios naturales y así evitar que año tras año seamos cada vez más vulnerables y registremos mayores costos asociados a variaciones extremas de clima. El liderazgo requiere del diseño de impuestos, multas, incentivos y también funcionamiento adecuado de los órganos de vigilancia. Un ejemplo de negligencia del Estado, es lo que está sucediendo en Bogotá D.C. con los cerros orientales, donde la falta de planificación e intervención explica desastres como los vividos en la pasada ola invernal. En el año 2006 y como consecuencia de una decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en defensa de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la Alcaldía Mayor expidió el decreto N° 122, que asignaba funciones a diversas entidades para atender el manejo de la reserva. La decisión del Tribunal fue apelada y el caso pasó al Consejo de Estado, que desde esa fecha no se ha manifestado y por ello reina el caos en los cerros orientales. Su destrucción y ocupación por ricos y pobres sigue avanzando, aumentando la vulnerabilidad y destruyendo el capital natural de la ciudad. Mientras esto ocurre, los recursos asignados para el corredor ecológico y recreativo, proyecto de la Alcaldía Mayor en 2005 y promovido activamente entre la sociedad civil y el sector empresarial por la Fundación Cerros de Bogotá, no se han ejecutado. La razón es que no se sabe cuál es la institución que tiene autoridad para intervenir y tomar decisiones sobre esta franja. Esto sucede a pasos de la Casa de Nariño y la pasividad e indiferencia de las instituciones del orden central, incluido el Consejo de Estado, que lleva cinco años sin pronunciarse, son alarmantes. ¿Qué fenómeno natural debe ocurrir para mover a nuestras instituciones a ser responsables frente a temas que afectan la seguridad nacional? Esperamos que algún candidato a Alcalde tome esta bandera y haga un debate público al Consejo de Estado. Asimismo, que el Gobierno Nacional movilice la institucionalidad, que con indiferencia observa el impacto del cambio climático.