El pasado 21 de enero, el sistema de las Naciones Unidas en Colombia (NNUU) presentó al país el informe “Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia – Insumos para la discusión”.
Esta publicación presenta los desafíos de sostenibilidad que involucra la aplicación de los acuerdos de La Habana y llama la atención sobre la coincidencia de los territorios prioritarios para la construcción de espacios de paz con la presencia de ecosistemas naturales que generan servicios ambientales de importancia local, regional y global.
El estudio hace cuatro recomendaciones que deben abordarse en el posacuerdo para que los procesos sean sostenibles: 1. Un ordenamiento ambiental territorial concertado. 2. Un manejo de lo rural más allá de lo agropecuario, mediante el desarrollo de modelos locales de aprovechamiento sostenible. 3. La construcción de una relación positiva entre minería y territorio. 4. El desarrollo de capacidades públicas, comunitarias y privadas para la gestión territorial en lugares donde en el corto plazo habrá presión para un rápido desarrollo de infraestructura, titulación de tierras y apoyo para el desarrollo agropecuario.
NNUU muestra que en otros países el posconflicto ha significado degradación ambiental y recomienda que —para que en Colombia no ocurra lo mismo— se reconozcan las oportunidades y las limitaciones que ofrece nuestro medio natural, en las condiciones actuales de cambio climático y frente a la necesidad de impulsar modelos de crecimiento verde. En Colombia el tema es crítico, pues el 90% de los municipios de alta prioridad para el post-acuerdo tiene alguna figura de protección y de ellos, ocho tienen el 100% de su área como reserva forestal o parque nacional.
Según NNUU, para que haya sostenibilidad, Colombia debe utilizar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ésta presta, promoviendo sistemas productivos que hagan uso sostenible del patrimonio natural e impulsando el eco y agroturismo y el pago por servicios ambientales, como alternativas de generación de ingresos en el corto plazo. Recomienda redefinir las relaciones ciudad-campo y que los centros urbanos compensen a las áreas rurales por los servicios ambientales hídricos que éstas generan a las ciudades.
La expansión de la frontera agrícola sobre áreas hoy cubiertas por bosque presenta un gran riesgo, pues sus suelos son frágiles e inadecuados para la producción agropecuaria tradicional. En Colombia los suelos buenos ya están ocupados y el 48% de las tierras bajo uso agropecuario se encuentra afectado por la erosión. Fenómeno que se extenderá a los nuevos frentes de colonización, si no implementamos sistemas productivos y usos alternativos.
El primer paso para evitar la degradación en los espacios de construcción de paz es que las comunidades, los excombatientes y las entidades gubernamentales realicen, de manera previa a cualquier intervención, pactos sociales para que, a partir del territorio que se sueñe y del reconocimiento de potenciales y limitaciones, se definan opciones de uso, transformación y conservación. Debemos gestionar el ordenamiento territorial no como una imposición de ley, sino como un acuerdo social que apoye y respete la comunidad en la búsqueda del desarrollo local sostenible.
@Juparus