La semana pasada se realizó en Leticia el Congreso del Sistema Nacional de Planeación, evento anual que convoca a los miembros de los consejos territoriales (departamentales y municipales) y del Consejo Nacional de Planeación.
Éstas son entidades conformadas por representantes de diversos grupos de interés que, desde la sociedad civil, tienen la responsabilidad constitucional de hacer seguimiento de los planes de desarrollo, tanto el Plan Nacional como los planes departamentales y municipales.
El eje del Congreso fue evaluar el impacto de las llamadas locomotoras del desarrollo en la vida de los colombianos. Más de 500 asistentes adelantaron intensas jornadas analizando las diversas aristas del tema. Como miembro del Consejo Nacional de Planeación, en representación de los ambientalistas, compartí sesiones plenarias y mesas de trabajo relacionadas con los temas de minería, desarrollo rural y gestión ambiental.
Es evidente la prevención y la alerta que en todos los rincones del país genera la minería. La existencia de recursos mineros, que en principio debería ser un hecho positivo por ser fuente de riqueza, hoy es vista como una amenaza. Las regiones están viendo cómo desde el centro (Ministerio de Minas y Ministerio del Ambiente) se toman decisiones sobre sus territorios, al asignar y viabilizar títulos mineros. Representantes de la sociedad civil y miembros de los consejos territoriales de planeación cuestionan que sea desde la capital, y no desde la región, que se tomen estas determinaciones. Múltiples experiencias vividas por las comunidades hacen que esté creciendo una actitud ciudadana de rechazo a la minería. Esto se refuerza con posiciones similares de algunos alcaldes y gobernadores.
Durante el gobierno de Uribe, los técnicos de un Ingeominas minúsculo tramitaron de manera irresponsable múltiples títulos mineros que hoy comprometen al Gobierno con inversionistas privados. Se concedieron títulos mineros sobre ecosistemas de gran importancia por sus servicios ambientales. Caso extremo y macondiano es que en marzo de este año la Procuraduría solicitó a la Agencia Nacional Minera cancelar 37 títulos mineros otorgados en áreas pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales. Por obvias razones, la ley prohíbe la minería en los parques nacionales, pero los funcionarios la ignoraron. No sólo hay que corregir el adefesio jurídico que la ligereza de los funcionarios constituye, sino que habría que penalizar su falta. Es alarmante el impacto negativo que acciones similares están generando y pueden generar en áreas críticas de reservas hídricas en el territorio nacional.
Las comunidades se están organizando para proteger sus derechos. Es claro que, para evitar protestas sociales con alto costo social, político y económico, es urgente modificar la legislación. El país despierta y sabe que en ciertos casos la minería no es de interés público ni de beneficio social. En muchos casos, aun ante recursos mineros probados, debemos evitar la actividad minera y asegurar intereses primordiales de la sociedad. El país ya sabe que la explotación minera en algunos casos genera pérdida de servicios ambientales que, por su impacto sobre el bienestar humano, se traduce en disminución de la calidad de vida y empobrecimiento de una región. Revisemos con criterio patriótico los títulos mineros.