El pasado 13 de mayo, El Espectador, Isagen, WWF y People & Earth realizaron el 4º Encuentro por el Agua con participación de entidades públicas, ONG, congresistas y periodistas. El propósito de la convocatoria fue revisar los alcances y metas para la gestión del agua y el crecimiento verde en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Mientras el DNP y el Ministerio del Ambiente defendieron los avances en temas de crecimiento verde y sostenibilidad; algunas congresistas manifestaron su frustración ante la no inclusión de artículos aprobados por el Senado, pero no por la Cámara, donde primó la versión de la Cámara que genera grandes riesgos para la gestión ambiental y las comunidades locales. Para algunas ONG, el PND es nefasto y significa un retroceso, mientras que para otros genera mejores posibilidades de gestión ambiental. El debate sobre temas ambientales convoca cada día más ciudadanos e incluso genera coincidencias entre partidos políticos de tendencias opuestas como son Alianza Verde, Centro Democrático y Polo Democrático. No sabemos si cómo parte de una estrategia de oposición o por autocrítica, el Centro Democrático —que durante la presidencia de Uribe incrementó el área titulada por diez y generó condiciones tributarias tan benévolas para los inversionistas que las solicitudes de títulos mineros se multiplicaron por 40 entre el 2002 y el 2010— ahora dice a través de su senadora Paloma Valencia que “el Plan de Desarrollo es un plan minero…Arrasador con los páramos, con la Amazonia y con los territorios estratégicos”. De otra parte, Claudia López, de Alianza Verde, presentó una carta que tiene como propósito solicitar al presidente Santos que no sancione el PND por “cuanto este se encuentra viciado de inconstitucionalidad y contiene disposiciones inconvenientes”. Manuel Rodríguez y yo fuimos invitados a apoyar la carta y firmamos la versión original que luego fue lanzada a las redes sociales para un “firmatón”, al cual se han sumado muchos ciudadanos. Los temas ambientales tratados en la carta tienen relación con los páramos, pues el PND permite que los mineros con título y licencia ambiental anterior al 2010 y las de hidrocarburos anteriores al 2011 sigan trabajando. Nuestra propuesta, a través del Consejo Nacional de Planeación, fue que se suspendieran todas las explotaciones de recursos no renovables en los páramos y que aquellos inversionistas que habían realizado inversiones siguiendo procesos legales y con licencia ambiental fueran compensados, por el monto de las inversiones realizadas, y suspendieran actividades. Esto siguiendo el concepto de la Corte Constitucional, según el cual en materia de explotación de recursos no renovables no opera la figura jurídica de derechos adquiridos. También están las licencias express, que definitivamente no deben aplicar para proyectos complejos, y el artículo 192 que genera un gran desequilibrio para que las comunidades puedan participar de manera efectiva en las decisiones sobre protección a un ambiente sano y a sus cuencas hídricas amenazadas por minería. El PND debe asegurar una completa transparencia en el uso de los recursos públicos asignados a la gestión ambiental y así contribuir a una efectiva y eficiente presión ciudadana, condición indispensable para mejorar la gestión ambiental. Twitter @Juparus