EL AÑO PASADO EL ÍNDICE ELABOrado por las universidades de Yale y Columbia ubicó a Costa Rica y a Colombia como los países latinoamericanos con mejor gestión ambiental.
No es gratuito que Costa Rica hubiese quedado primero; basta ver la diferencia en la magnitud del esfuerzo que cada país entrega al tema de la conservación y gestión de los servicios ambientales (SA).
Los ecosistemas naturales generan múltiples y variados SA, que van desde aquellos para beneficio local o regional: servicios hidrológicos, conservación del paisaje y bellezas escénicas y estabilidad del suelo, y otros más globales como conservación de la biodiversidad, estabilidad del clima y secuestro de carbono. En muchos casos, estos valiosos SA se destruyen por el mal manejo y la falta de incentivos para preservarlos.
Países o individuos propietarios de las áreas donde están los ecosistemas que generan estos SA, no reciben compensación por el impacto positivo que su conservación y buen manejo genera, efecto que en muchos casos disfrutan terceras personas, lo que en economía se denomina externalidad positiva. Si por el buen manejo no se compensa a los propietarios de las áreas que contienen estos ecosistemas, ellos no tienen una razón económica para tener en cuenta estos servicios a la hora de tomar decisiones de cómo usar su tierra y transformar los ecosistemas.
Si bien en todos los países del mundo hay legislación que pretende la conservación de los ecosistemas naturales y algunos de sus SA, en pocos lugares se cumple la ley. Colombia es un buen ejemplo de incumplimiento y basta mirar la protección de los recursos hídricos. Según la ley siempre debería existir una ronda de protección a lado y lado de todos los cursos de agua. Sin embargo, esto no se cumple ni en el río Magdalena, ni en el Bogotá, ni en la mayor parte de quebradas y nacimientos.
Una herramienta económica que ayuda al armónico cumplimiento de la ley es el llamado Pago por los Servicios Ambientales (PSA). El principio del PSA consiste en que aquellas personas que con el uso adecuado de sus tierras aseguren que los ecosistemas naturales proporcionen los SA, sean compensadas por hacerlo, y que las personas que reciben o se benefician por el uso de los SA paguen por ello. El PSA establece una conexión entre los usuarios de los servicios, ejemplo los usuarios de un acueducto, y los propietarios de los ecosistemas de bosque o páramo que conservan nacimientos y quebradas. Por medio del pago de los usuarios de los SA, se genera un incentivo y una compensación para el manejo de los recursos naturales, evitando que se destruya el SA.
Adecuadamente implementado, un programa de PSA puede generar beneficios para las dos partes y ser altamente sostenible si depende del propio interés de aquellos que desean asegurar o mejorar su acceso a los SA, y de los propietarios que están satisfechos con la compensación que reciben por manejar su propiedad de manera tal que se conserven y proporcionen los SA.
Costa Rica ha sido líder mundial en la conservación de los SA, a finales de 2005 el Programa de PSA, que tuvo origen en una mezcla de recursos internacionales y nacionales, había recuperado 250.000 has y en la actualidad está iniciando un nuevo programa por US$90 millones, de los cuales, US$10 son aportados por el Fondo para el Medio Ambiente Global, US$30 son un crédito del Banco Mundial al gobierno de Costa Rica y US$50 millones son esencialmente fruto del recaudo de un impuesto a la gasolina.
En Colombia hay algunos esfuerzos locales como el de Procuenca y Aguas de Manizales, o algunos acueductos veredales en Santander. A nivel nacional, el Fondo Patrimonio Natural acaba de recibir US$6,8 millones de Holanda para iniciar un proyecto de PSA y Fedegán y CIPAV están gestionando ante el GEF US$7 millones y US$1,5 ante el Fondo para la Acción Ambiental para impulsar PSA. Sin embargo, aún estamos distantes de contar como en Costa Rica con el apoyo gubernamental para usar recursos públicos que permitan impulsar a nivel nacional una iniciativa de PSA que asegure los SA que benefician a pobladores locales.
En el ámbito internacional, el retraso nuestro se hace evidente si consideramos que Costa Rica con una superficie 20 veces menor que la nuestra, tiene un programa de PSA seis veces mayor, donde la participación del Gobierno con aportes propios representa cerca del 80% de la inversión. El gobierno de Costa Rica ya se está metiendo la mano al bolsillo para asegurar los SA. Mientras, nosotros llevamos varios años discutiendo una estrategia nacional de PSA que aún no se aprueba. Recorremos el mismo camino, pero a velocidades y con niveles de compromiso muy diverso, lo cual nos posiciona de manera muy distinta en el ámbito internacional y limita nuestras acciones locales.
* El autor es economista con especialidad en manejo de recursos naturales en el Banco Mundial. Los puntos de vista aquí expresados son del autor, no representan ni pueden atribuirse a la entidad para la cual trabaja.