La existencia de recursos mineros, que en principio es un hecho positivo, hoy es vista local y regionalmente como una amenaza.
De una parte, las regiones ven cómo desde el Gobierno central se toman decisiones que muchas veces se contraponen con los propósitos del ordenamiento ambiental municipal, afectando negativamente sus territorios y espacios de vida. De otra parte, la minería ilegal mecanizada, relacionada con el narcotráfico y el lavado de activos, se expande, atropellando los procesos sociales locales y generando gran impacto ambiental.
Respecto a la gran minería, el problema no es fácil de resolver, pues exige conciliar intereses de los gobiernos nacional, regional y local, que suelen ser divergentes, con intereses de las comunidades y de los inversionistas privados que también suelen divergir, aunque no faltan las coincidencias.
En medio de contradicciones legales y sociales, la actividad minera ha crecido de manera acelerada. El área titulada para minería era de 1,1 millones de hectáreas en 2002, lo que representaba el 0,98% del área total de país. Para 2009 los títulos mineros cubrían un área de 8,4 millones de hectáreas y en 2010, Ingeominas tramitaba solicitudes por 40 millones de hectáreas, es decir, el 36% de la superficie del país. La producción minera entre 2006 y 2009 creció en un 27% y en 2011 su tasa de crecimiento, según el DNP, fue de 9,4%.
Sobre la minería ilegal es muy difícil dar cifras, pero miembros de la Mesa de Diálogo Permanente —una iniciativa impulsada por Avina, organización latinoamericana, que en diversos países ha convocado a diversos actores buscando coordinar acciones entre la sociedad civil, los tomadores de decisiones y las empresas— consideran que cerca del 80% del oro se extrae por actores no regularizadas cuya mayoría está asociada a actividades ilegales, no a mineros artesanales tradicionales. Regularizar la minería artesanal es tarea compleja; tratar con la minería ilegal relacionada con el narcotráfico y el lavado de activos es otra cosa. Lo más difícil es que estos actores muchas veces se cruzan en un mismo territorio. Es como cuando los cultivos de coca para la industria ilegal se intercalan con fríjol y yuca de pancoger, ¿cómo erradicar uno sin agredir los otros, cuando donde antes sólo había mineros artesanales no regularizados, hoy predominan los mecanizados ilegales?
Los acuerdos de paz, como parte del proceso de construcción de escenarios de paz, permitirán una presencia mayor y determinante del Estado para desenredar la situación. En las condiciones actuales, resalto y me identifico con el decir de algunas ONG colombianas que con claridad afirman: “Minería sí, pero no así”. Mientras organizamos la casa, para la sociedad civil, los gobiernos nacional, departamental y municipal, e incluso para los inversionistas legales, es sano y conveniente que la minería no siga creciendo al ritmo actual. Por todo lo anterior, una moratoria minera nacional es justa, necesaria y urgente, mientras generamos condiciones sociales, institucionales y de gobernabilidad que aseguren una minería de mínimo impacto ambiental y de máximo beneficio social.
Juan Pablo Ruiz Soto*