La gran promesa incumplida, año tras año y gobierno tras gobierno, es: “el año entrante tendremos mejores vías”.
Si bien la promesa se hace de buena voluntad y en algunos casos con compromiso político y presupuesto en mano, las obras no se realizan. La aplicación de la ley y los debates jurídicos explican que muchas veces las obras no se realicen o se demoren de manera impensable.
El mejor ejemplo es el caso de Bogotá en la carrera 11 entre las calles 106 y 100, en terrenos del Cantón Norte, que pertenecen al Ejército Nacional. Casi 24 años duraron las disputas legales entre entes públicos del nivel nacional y distrital para que finalmente la ciudad lograra expropiar al Ministerio de Defensa y construir una obra de interés público y beneficio social. Si no surge un nuevo argumento jurídico, quizá en julio de 2014 lograremos que esta vía se termine. Si esto pasa en el corazón de la República —con funcionarios de estratos 5 y 6 interesados en su realización, donde incluso se construyó un puente hasta ahora inservible sobre la futura carrera 11 con calle 106, que ha sido monumento transitorio a las disputas entre entidades públicas en contra del interés público—, imaginemos qué puede pasar en el resto del país.
Acaba de llegar de vacaciones un amigo que pasó el fin de año en Ecuador. El compatriota me dijo casi con indignación: “Están mucho mejor que nosotros, ¡cómo así! Acabo de recorrer Ecuador y allí sí hay vías y además lo peajes son muy baratos. ¿Qué nos pasa?”. Casi con igual indignación le respondí: “No nos comparemos con países desarrollados, tenemos que compararnos con unos similares al nuestro: Nicaragua, Honduras o Guatemala. ¿Cómo se le ocurre compararse con Ecuador? ¡Ellos son desarrollados; nosotros no!”. Ecuador ha avanzado en infraestructura mucho más rápido que nosotros. Tendremos que invitar a nuestros amigos otavaleños para que nos ayuden a organizar una protesta pasiva pero contundente para dejar de pagar peajes caros en carreteras inconclusas como Bogotá-Girardot, Bogotá-Tunja o Ibagué-Cali, por mencionar sólo algunas. No es por la consulta previa con grupos minoritarios que no hemos logrado terminar estas tres obras; es, al igual que en el Cantón Norte de Bogotá, por diferencias en la interpretación de la ley. Por diversos argumentos legales, las tres vías siguen inconclusas y nosotros pagamos peajes caros y altos impuestos, acumulamos reservas internacionales y sufrimos el tener que usar una infraestructura que es inferior a la de Guatemala, Honduras o Nicaragua. En asuntos de infraestructura, todos esos países están mucho mejor que Colombia. Pero, eso sí, en fútbol les vamos a ganar.
Algo tenemos que hacer para ajustar la legislación y evitar que se sigan construyendo monumentos a la controversia jurídica que impide el desarrollo. En el puente de la 106 en Bogotá o el puente de la inexistente variante de Tocancipá en la vía Bogotá-Tunja, el cemento habla por sí mismo. El interés público y el beneficio social parecen no tener primacía. Nos organizamos o jurídicamente moriremos en un trancón.