Tal es el término usado por juristas para significar una situación de pobreza y necesidad.
Hace juego, pero no tiene que ver con la destitución de funcionarios. Lo que sí creo es que la ciudad quedó saqueada y maltrecha tras los últimos dos gobiernos. Aclaro, saqueada por el primero de los dos últimos y maltrecha por el segundo, a causa de improvisaciones administrativas y deficiencias en aseo, seguridad, movilidad. La ciudad se ve caótica, al despedir a Petro, el de la lengua de fuego.
Siempre he creído que una cosa es hacer revolución y otra hacer gobierno. Lo primero es ingeniarse para destruir y lo segundo es esforzarse para mantener lo construido y avanzar. Es tarea casi imposible para un revolucionario custodiar una cárcel, contener una revuelta, respetar unas leyes y no burlarse de ellas con tutelas pro-forma, repartidas entre cientos; representar el orden y no asociarse con la multitud parapetándose en los autos y gritando proclamas contra la autoridad que él mismo encarna.
Al alcalde destituido, sin embargo, debería dejársele continuar en la vida pública, sin muerte civil, acogido como fue a un proceso de paz; deben restituírsele las opciones políticas sin la inhabilidad, que le decretaron como una camisa de fuerza autoritaria. Sus electores verán si lo vuelven a elegir, pues el juego democrático es así de confuso y contradictorio.
Es mi opinión que Bogotá se siente aliviada, así se la haya confiado enteramente y en forma provisoria al Gobierno Nacional. Santos funge ahora como presidente, como candidato y como alcalde de la capital, a través de uno de sus ministros. La autoridad nacional tal vez ponga un poco de orden en este desbarajuste, del cual no escapan ni las estaciones de Transmilenio (el sueño ilusorio de Peñalosa ), donde mujeres acuchillan a mujeres, cuando no son violadas en tumultos voluptuosos. De los celulares ni hablar, cuyas llamadas se cortan, no sólo por deficiencias de la empresa, sino por robo.
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Se alega, en el caso Petro, la violación de los derechos humanos. A ver: la Declaración Universal del 48 da a entender que estos derechos se instituyen para las personas, no para los estados y sus autoridades. A una autoridad no la veo violada en su derecho humano porque sea sancionada de conformidad con la ley. Donde residen estos derechos es en los gobernados, para que se los garantice, cuando es debido, frente a las autoridades.
Otra cosa es que no sea conveniente en una democracia que un funcionario de elección indirecta pueda destituir a otro de elección popular. Asunto éste de género político, no tanto de derechos humanos, el cual atañe, si es el caso, al poder constituyente del Estado; es ahí donde debe buscarse el correctivo constitucional.