Mejor será no enrostrarle a Colombia incumplimientos internacionales, cuando ha sido fiel a pactos y tratados por años. Deben privilegiarse los intereses del país en las confusas circunstancias de hoy.
Son situaciones excepcionales. Mientras nos hallábamos atenidos al fallo imparcial del Tribunal Supremo de La Haya, un insidioso diplomático de la nación litigante, residente en el lugar y en alguna forma cercano a los magistrados, consiguió para su país lo que la adormecida Cancillería colombiana perdió en franco descuido: la soberanía económica y de territorialidad relativa (es mar adentro) de 75.000 kilómetros de área marítima. Esperábamos con excesiva paciencia un reparto salomónico y fuimos despojados sin equidad alguna.
Uno se pregunta qué otro país del mundo soportaría semejante desmembramiento de territorio, con la cabeza humillada, como si fuera él quien hubiera asaltado lo que no era suyo. Un tratado firmado por Colombia y denunciado por la contraparte sirvió de pretexto al pleito, en base a que fue suscrito bajo una dictadura local, como si los conflictos internos trascendieran al ámbito de las relaciones exteriores.
Colombia fue asaltada en su buena fe, confiada como debía estar en el alto tribunal, no en poca cosa ni en poca monta y acabó sin retribución salomónica alguna, salvo unos cayos y montículos separados de lo que geográfica y políticamente había sido un archipiélago, desconocido en últimas por la Corte.
En cuanto a la Convención Americana o Pacto de San José, es cierto que nos obliga, pero ¿cuándo se le faltó al ciudadano Gustavo Francisco Petro en sus derechos políticos? Varias veces ha podido elegir y ser elegido; ha sido parlamentario, candidato a presidente, alcalde, posición que ganó en las urnas y que, por cierto, ocupó con desgano.
A los dos años de ejercicio le cayó al alcalde una sanción exagerada, es cierto, pero formalmente legal. La Convención de San José no privilegia a ningún funcionario en el sentido de no estar sujeto a la normatividad administrativa. Es curioso que ahora se fije la atención en los derechos humanos de las autoridades. El énfasis está puesto en los ciudadanos y no tanto en quienes ejercen las funciones públicas cuando la Convención establece normas fundamentales sobre los derechos al voto y a ser elegido.
No deberíamos decir ni sugerir los propios colombianos que Colombia incumple, lo que además de ser una autoacusación injusta, alimenta muy conocidos intereses políticos. A pocas horas de declararse la suspensión de las medidas cautelares internas, protectoras del funcionario destituido, la Comisión Americana descargó las suyas, dando a entender, con tan exacta precipitación, que existía un andamiaje urdido por determinada tendencia política para favorecer al alcalde.