Hasta que nos fuimos acostumbrando al cambio constante de la Constitución de la República, una vez que en el año 91 se descartó cualquier posibilidad de hacerle reformas y mejores interpretaciones a lo establecido y ya clásico del 86, con 100 años de historia y cuyas bases sólidas y viejos principios se expresaban en hermosos términos.
Le escuchábamos al Tigrillo Noriega (Carlos Augusto) contertulios suyos, como fuimos con D’Artagnan, Jesús Pérez y Javier Sanín, sus temores acerca de la costumbre de renovar a cada paso la Carta Política. El propio expresidente López Michelsen, de toda la estirpe liberal, estaba preparando una reforma, artículo por artículo (iba en el 42) de la Constitución de Núñez, cuando irrumpió la Séptima Papeleta y el revolcón de Gaviria, que trastornó cualquier conato de reforma y se dio paso a una nueva Constitución, de la mano de juristas muy jóvenes y del propio presidente, poco afecto a las disciplinas jurídicas.
Así, la Carta Política comenzó a reformarse sucesivamente; cada nuevo gobierno entra con un proyecto de reforma, como si tan geniales innovadores no pudieran gobernar ateniéndose a lo establecido. La inseguridad jurídica, derivada de la inestabilidad institucional, fue carta de navegación para lo político, lo económico, para la vida civil, para lo penal y lo internacional.
De las últimas reformas ha surgido, como camisa de fuerza, una cierta inamovilidad, ajena al libre juego democrático. La política, y no sólo para el gran Félix de Bedout, es dinámica, dicho a veces con ironía por las contradicciones de los actores, como se ven a cada paso.
Que los ministros no puedan salir de la nómina del Congreso; que no sea posible el cambio de militancia. ¿A quién le importa eso? Se sigue a las personas, a su carácter público, a su ser propio y real y el electorado sabrá escoger lo conveniente.
Es un gran desperdicio de oportunidades en la selección de los hombres o de las mujeres que actúan en la vida pública. La actividad de los líderes no debería tener cortapisas, salvo el respeto y las garantías recíprocas en materia electoral.
Se entiende que si la ley suprema determina como contrapeso al nuevo Gobierno que quienes han quedado en segundo lugar en las presidenciales ocupen una curul en el parlamento, esa norma prima sobre otras, toda vez que el Consejo Electoral ya los había admitido como candidatos y los hubiera legitimado como electos.
Son los máximos líderes y no tuvieron curul por elección propia; es su condición excepcional la que los distingue con ese favor especial, que no debe restringirse. Favores sunt ampliandi (“los favores hay que ampliarlos”) es aforismo doctrinal. Someterlos a la letra menuda de los miembros comunes del cuerpo legislativo no va con el espíritu de equilibrio político con que la Carta los ha tratado.