Uno piensa que no es la palabra matrimonio la que corresponde al enlace gay, pero bueno, lo acaba de definir la Corte Constitucional: que el término cobije también a esta unión, para igualar derechos y obligaciones entre estas parejas y las de hombre y mujer y no se alegue discriminación en razón de preferencias sexuales.
El asunto queda relegado a la filología y a la etimología pues los derechos ya venían siendo concedidos a las parejas de este género y sólo faltaba el nombre. Por matrimonio se entendía otra cosa en términos lingüísticos, pero bueno, no hay para qué exasperar. Dejar hacer, dejar pasar o, como dicen en la Costa, tomarla suave, sería una buena actitud conciliadora y de hermandad entre los que se sienten fuertes socialmente por no ser señalados y quienes sufren la carga de serlo, dada su condición de minoría social.
Diría que la Iglesia se lastima a sí misma tomando partido tan acerbamente en un tema que acaba siendo de naturaleza civil. Porque no se habla, por supuesto, del matrimonio eclesiástico ni de sacramento alguno. Evidente que no. Es del matrimonio civil, como institución del derecho ciudadano y de la Constitución política. Bien puede, entonces, discutirse y que a unos les parezca que no se ajusta a la Carta y a otros que sí. La Iglesia, en lo suyo, no tendría por qué mortificarse con el tema ni disgustar a sus fieles con las palabras afrentosas de los secretarios de Episcopado.
Me atrevo a pensar que el propio santo padre Francisco emite la directiva pastoralmente correcta, cuando repudia el uso del término para enlaces homosexuales, pero sospecho que en su talante misericordioso hubiera preferido pasar por alto una discusión que ya se sale de la esfera canónica o religiosa.
Todos los derechos, propios de la relación de pareja, incluyendo las uniones maritales de hecho, sin necesidad de actos ante notario han venido siendo reconocidos en el país por sentencias anteriores, pero proliferan tutelas de quienes reclaman poderse llamar casados o casadas por matrimonio, como las personas heterosexuales.
Pienso que la Iglesia bien podría renunciar a la propiedad exclusiva de esa palabra y el Estado, en su Carta Política, ampliar el sentido de la norma que regula el casorio (digámoslo así, para variar) y diera cabida bajo el mismo concepto a otras uniones, civilmente reconocidas, y, cuando menos, respetadas por la Iglesia, si ello interesa en un Estado, que es ahora laico.
***
El término matrimonio, en el caso gay, induce a comparaciones que ofenden la dignidad tanto de mujeres que conservan en un todo su feminidad, como de hombres que no dejan de serlo. El ridículo y la malignidad social son los grandes enemigos de la relación diversa, para llamarla de esta manera.