Este país, a veces tolerante, puede considerar la objeción de conciencia para el servicio militar (cuando por alguna razón imperiosa el candidato a recluta se niega al uso de las armas); para el médico que se resiste a practicar el aborto (no para la clínica, pues ella no tiene conciencia de lo que hace); a un alto funcionario, en cambio, no se le tolera que salvaguarde su conciencia jurídica y se niegue a cumplir una orden discutible, proveniente de entidad paralela.
No es un desacato. La orden bien puede ejecutarse por un reemplazo; él, por su parte, se va. No se interrumpe el curso legal o constitucional. Se da un portazo, pues sí, pero la puerta sigue en sus goznes. Se da un aviso de algo que anda muy mal, de un orden nuevo o desorden que ha irrumpido indebidamente, así esté cubierto por una legalidad formal.
No se puede olvidar y todos los días se lo está recordando que el funcionamiento de una Justicia paralela y especial para delincuentes mayúsculos, pero de intencionalidad política, fue desaprobado por el pueblo mediante consulta plebiscitaria, la que en toda nación civilizada es máxima expresión del derecho y de la voluntad general.
Que el presidente que citó a plebiscito para refrendar su proyecto de paz, bien vendido a la comunidad internacional, haya hecho toda clase de maniobras para desconocerlo no le quitará el fallo histórico que se ve venir y que ya se escucha por todas partes: se burló la voluntad popular.
Como no falta el sesgo político, aun en fallos judiciales, se ha querido en el caso Santrich que el jefe acusador de la justicia ordinaria se humille ante un tribunal que no acepta y se someta a razones que en debate público ha contradicho. Todo ello para desautorizar su oficina, con gran complacencia de los adversarios. Aquí ni el reo ni las víctimas de la guerra han contado cuanto el cobro de pequeñas y grandes venganzas, haciendo uso del instrumento y los símbolos de la Justicia.
Finalmente, y como si fuera poco, se desestima su renuncia, un gesto que ya en Colombia es insólito, y no se le quiere ver en su genuina elocuencia. Se dice que el fiscal Martínez se retiró para anticiparse a los impedimentos que le esperaban en cadena por los muchos compromisos adquiridos en su labor profesional. Que buscó el gran temporal, el momento oportuno para irse, y de esta manera los enemigos acérrimos e intolerantes le han armado con ello la consabida teoría de la conspiración.
Escuché de ilustre exministro, en debate con un concejal del Centro Democrático, que el poder delegado del Congreso podría valer más que el del constituyente primario si, sumadas las representaciones parlamentarias, llegaran a superar la votación directa del pueblo. No podía creerlo.