Si se les condonan los crímenes a los unos, de modo misericordioso, otros actores criminales deberían ser absueltos o sus penas reducidas en proporción similar, por el sagrado principio de la igualdad ante la ley.
No es aceptable, no puede quedar para la historia, no consolida paz alguna soportar la reconciliación en la injusticia de haber dado preferencia a unos culpables sobre otros. Esto no se dice en contra de la misericordia como tal y como principio cristiano, que es algo a lo que somos dados, especialmente cuando ya ha cedido la crispación por los hechos punibles.
Es concepto aceptable en materia jurídica y política que la rebelión, la desobediencia civil, incluso la irrupción armada contra la autoridad, se penalice con lenidad o se indulte, para evitar mayores desórdenes. Pero pare ahí. Cuando se le han mezclado a la rebeldía política delitos de naturaleza común, entre los más graves que tipifican los códigos penales, no pueden convertirse estos en algo paradójicamente bueno, porque la intención ha sido la de transformar la sociedad (y siempre existirá el pretexto de transformarla). Configurándose por fin que un supuesto beneficio social termine justificando los medios delictivos que se utilicen para conseguirlo.
Chantajeados con amenazas como la de agitar la violencia urbana, los gobernantes acuerdan lo que llaman “la paz”, en forma similar a quien suelta la bolsa para salvaguardar la vida en un atraco callejero. Hay quienes no cohonestan la injusta acción del atracador y son catalogados como enemigos de la paz. Pero este es otro capítulo que hemos trajinado bastante en estas líneas.
Negociar sí, perdonar sí, darles a los insurgentes poder y mando —lo que ya es algo más complicado, aunque se dice que para ello luchan—, todo ello es posible. Vaya y venga si un Estado acaba siendo gobernado por gentes de origen violento, pero la tolerancia ha de repercutir en los demás penalizados, salvo lo sean por los delitos antes llamados “atroces”.
No pensé al escribir estas líneas en defender al exministro Arias, el de Ingreso Seguro, pero es claro que escandaliza y es inaudito que su falta (que pudo tener también fines políticos, pues aspiraba al poder) aplique para 17 años de privación de la libertad y que otros que han mantenido campamentos inhumanos y selváticos, que han cometido atrocidades y violaciones, tengan una virtual absolución y el mérito para llegar a la conducción del Estado.
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Muchos delincuentes comunes vivirán el día a día oscuro de sus celdas contemplando la buena suerte de quienes los emularon en la comisión de actos antisociales, pero tuvieron la coartada de la justicia social que procuraban. Sólo que en el ínterin no la practicaron, en franca contradicción.