Llegar por tierra a Buenaventura es una carrera de obstáculos. La construcción de la doble calzada, cuya obra no terminará en el tiempo previsto, hace que el recorrido se haga entre tramos inconclusos, falta de señalización, huecos y desvíos.
El tiempo de recorrido es una lotería. Todo depende de los accidentes en la vía, derrumbes o trancones. La carretera es todo menos una vía de prosperidad.
Al llegar a la ciudad resaltan de inmediato las condiciones de pobreza de sus habitantes. A pesar de que en las calles al mediodía se vive un clima de alegría con el desfile de los niños estudiantes de camisa blanca por las calles camino a sus casas, la realidad es que la tristeza y el desespero por la falta de oportunidades son desbordantes. Los números son preocupantes: en Buenaventura, 8 de cada 10 personas viven en la pobreza, mientras que el desempleo es del 40%.
El escenario es aún peor, según el más reciente reporte de Human Rights Watch, los pocos que tienen trabajo deben pagar una vacuna de hasta el 60% de sus ingresos. Es decir, de los 365 días del año, un comerciante en Buenaventura debe trabajar más de 200 para pagarle a una sanguijuela que lo matará si no cumple con su tributo.
A todo este infierno se suma la terrible situación de inseguridad que reina en la ciudad. Buenaventura es un escenario de guerra entre bandas criminales. Pistoleros de los Urabeños y de la Empresa se disputan los puestos vacíos de las estructuras del narcotráfico que quedaron libres después de que a finales de 2013 una ofensiva de la Fiscalía y la Policía arrojara como resultado decenas de capturas. Los operativos de la fuerza pública han ido asfixiando económicamente a estos grupos, ya que también hay intensos trabajos contra el narcotráfico, lo que ha obligado a estos criminales a buscar financiación en la extorsión y el secuestro. En otras palabras, el combate legítimo del Estado a estos grupos asesinos ha dejado como resultado un ataque indirecto a la población inocente.
Era algo que se debía hacer. Desde que empezó la militarización en Buenaventura, han bajado los homicidios, se han decomisado toneladas de droga y la gente camina con algo de tranquilidad por las calles. La Policía y el Ejército dicen que su trabajo debe continuar y que para ello es necesario que la gente colabore, es decir, denuncie y participe. Sin embargo, la población tiene miedo. Sabe que si lo hace, apenas baje la atención estatal, los malos les cobrarán. Entonces, el Estado debe entender que ya rompió la vasija en la ciudad y que por lo tanto ahora le pertenece y la debe arreglar. Si no lo hace, las manos de las autoridades quedarán manchadas de la sangre de aquellos que morirán por haberles colaborado durante su estadía temporal.
Pero eso no es todo. El problema de fondo, el económico, aún falta por ser abordado. No solo es necesario que se generen algunos programas desde el gobierno central para paliar las condiciones económicas de la ciudad. Es necesario que se establezca una especie de estado excepcional que le permita al ejecutivo mandar en el terreno. Si no lo hace, tirar dinero a un pozo corrupto, hambriento y violento que desaparecerá los recursos de la misma manera en que lo viene haciendo hace décadas. Solo así Buenaventura dejará de ser una malaventura.
* Director de Noticias Caracol